Un policía que tira de la manta en el juzgado y un testigo protegido, en el origen del caso de los amaños

El caso de los presuntos amaños en las oposiciones de Policía Local en diversos municipios de Granada, incluida la capital, es conocido por la opinión pública desde principios de este año, cuando en febrero una gran operación de entrada y registro llevó a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) a la misma sede de la Policía Local de Granada, en Huerta del Rasillo. Desde entonces la causa ha estado secreta hasta esta última semana, en la que se están conociendo los detalles del caso, con 43 personas investigadas por una decena de presuntos delitos.

El sumario, al que ha tenido acceso este periódico, demuestra que la investigación se inició mucho antes, en 2024, pero hunde sus raíces en otro caso judicial que acabó sobreseído, pero que puso a la jueza en alerta sobre otros presuntos hechos delictivos que se mencionaron colateralmente: el amaño de oposiciones. Luego, fueron claves en las pesquisas las revelaciones de un testigo protegido y la información grabada con teléfonos móviles y un boli grabador de uno de los policías implicados.

Ese conflicto judicial originario se remonta a 2021, cuando el Sindicato Independiente de Policía Local de Granada (SIPLG) se querella contra su anterior secretario general, un policía local al que acusaban de apropiación indebida de los fondos de la organización. En el transcurso de aquellas diligencias, el denunciado pone de relieve una serie de presuntas irregularidades en los procesos de selección de las que él tenía conocimiento y le dice a la jueza que todo este proceso es una amenaza para "callarle la boca". La magistrada archiva aquel caso del dinero en 2023, pero acuerda deducir testimonio para que se investiguen las otras cuestiones relacionadas con el presunto amaño de oposiciones.

Así es como se llegan a abrir las actuales diligencias en 2024. La Policía comienza una investigación con la toma de declaración del propio policía que fue acusado de robar a su sindicato en el caso anterior. Este aporta también conversaciones de Whatsapp incriminatorias que constan en el sumario y en las que se pone de relieve la presunta implicación de algunos de los miembros de la cúpula de la Policía Local de Granada en una posible trama de amaño de oposiciones para facilitar la entrada al cuerpo de familiares directos de algunos de ellos, incluido el anterior jefe del cuerpo, José Manuel Jiménez Avilés, que hoy es el principal investigado como presunto cabecilla.

De forma adicional, aparece un testigo que el Juzgado ha declarado protegido y que también aporta documentos y declara en línea coincidente con el agente anterior. En particular, este testigo desvela que hay un subinspector de la Policía Local de Granada que tendría un papel clave porque tenía por costumbre grabar todo tipo de conversaciones, a través de su teléfono móvil y un dispositivo grabador con forma de bolígrafo. El volcado de esos aparatos estaría ya en posesión de la Policía tras un registro de su domicilio practicado el mes pasado y en el que se hallaron diversos ordenadores y memorias digitales. Este material está pendiente de estudio por la UDEF.

El motivo de que este subinspector, que está entre los investigados, tuviera todas esas grabaciones es porque, según testigos, necesitaba tenerlas para utilizarles en su favor porque su afinidad a la trama es posterior. Según los investigadores, el policía supuestamente habría entrado a formar parte del "grupo criminal", como lo define la Policía y la jueza, al haber denunciado esas prácticas de amaño hace algunos años, después de haber fracasado en su intento de ascender en una de las oposiciones. Después de eso, no solo ascendió, sino que formó parte de tribunales de oposición y, según la investigación, podría estar implicado en los amaños.

El KGB y los concejales

Los registros practicados en febrero y julio pasados, y la incautación de dispositivos móviles de este subinspector han proporcionado a los investigadores muchos datos nuevos, más allá de la declaración y las pruebas aportadas por los primeros testigos. La Policía ha podido definir un presunto modus operandi de la "trama", en el que eran designados los miembros del tribunal y se hacía llega parte de los exámenes a los padres de los opositores (porque los hijos era más probable que cometieran indiscreciones). También habría tenido un papel fundamental uno de los investigados que es psicólogo y que fue contratado como persona de confianza de los "cabecillas" para evitar conflictos como los surgidos anteriormente por otros psicólogos que no quisieron plegarse a las peticiones.

El análisis de todos esos mensajes ha permitido ampliar mucho la lista de investigados, que inicialmente era de una veintena y ya asciende a 43 incluyendo a los beneficiados por las oposiciones, agentes que están ejerciendo su labor de forma activa. Aunque la jueza sospecha que podría incrementarse. De lo encontrado también se desprende que había un grupo de mensajería llamado KGB -como la agencia de inteligencia y seguridad de la Unión Soviética- donde se ponían de relieve detalles del presunto amaño. La Policía advierte a la jueza de algunas referencias o conversaciones encontradas relacionadas con los cargos políticos responsables de la Policía, en particular, el concejal de la época del bipartito Cs-PP César Díaz (que también tiene un familiar en la Policía Local) la edil responsable en la época del PSOE y líder de la oposición Raquel Ruz, o la actual edil responsable del área, Ana Agudo. Ninguno de ellos se encuentra entre los investigados en la causa.