El asunto de la grabación en vídeo de las declaraciones de acusados y testigos ya fue objeto de polémica en el caso Serrallo en 2015, cuando se descubrió que una parte del archivo correspondiente a la comparecencia de un testigo fundamental había quedado dañada.

La jueza que ha investigado el caso, María Ángeles Jiménez, acordó incluso librar un oficio al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional para que determinara "las causas de borrado" de parte de la grabación que se hizo, el 9 de octubre de 2015, con la declaración prestada en sede judicial por el principal testigo de cargo, que era el exdirector general de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada Jacobo de la Rosa.

La fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, también pidió a la magistrada que se actuase "ante la gravedad del hecho". En concreto, la representante del Ministerio Público solicitaba una investigación policial para aclarar si el borrado "se debe a fallos técnicos o a otras causas, todo ello encaminado al esclarecimiento de los hechos".

Durante bastantes minutos del prolongado vídeo, el audio del testigo quedó tapado con un sonido ensordecedor que impedía escuchar la declaración de este testigo.

Más adelante la Policía expuso en un informe que no era posible conocer el origen del problema, por lo que el asunto quedó en el aire. En siguientes declaraciones, la jueza de este caso siempre insiste en que se apaguen los móviles al inicio para evitar que haya interferencias en la grabación del audio.