Los centros educativos concertados de la provincia protagonizan hoy el primero de los actos previstos para presionar a la Consejería de Educación de cara a la negociación de los nuevos conciertos. La convocatoria de hoy consiste en la lectura de un manifiesto en apoyo a este modelo de centro educativo y de la "libertad de los padres para elegir" y llega justo un día después de que la Delegación haya planteado a la concertada el cierre de diez unidades, según aseguró ayer el presidente provincial de Escuelas Católicas, Manuel Marchante. Su patronal participó ayer en la reunión de la comisión en la que se analizó la propuesta de la Delegación provincial sobre conciertos. Desde Escuelas Católicas, la responsable del área jurídica, Dolores Abril, anunció que "no vamos a permitir" la supresión de líneas en centros con demanda. Abril adelantó que la patronal recurrirá a los tribunales en el caso de que la Delegación mantenga su postura. "Usaremos los medios que el estado de derecho pone a nuestro alcance" para evitar ese reajuste de unidades.

Según ha podido saber este periódico, se prevé la supresión de diez líneas, de las que cinco corresponden a Infantil, una a Primaria y cuatro a ESO. Marchante alega que en tres de los centros de la patronal que representa -Cristo de la Yedra, Santo Rosario de Motril y La Purísima de Santa Fe- sí existe una demanda por parte de los padres que justificaría recurrir a la justicia. Entre los otros centros afectados estarían -de llevarse a cabo la propuesta- Amor de Dios y Juan XXIII del Zaidín (ESO); y Casa Madre Ave María y Santa María Micaela (Infantil).

El delegado provincial de Educación, Germán González, explicó que la propuesta hecha por la Junta es "equilibrada, razonable y razonada" y apeló a la "responsabilidad" de las partes para evitar que la negociación de los conciertos acabe en los tribunales. Ya existe un antecedente, favorable a los centros concertados. Una sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a un concertado y, en la justificación del fallo, estipuló que la concertada no es subsidiaria de la red pública de centros.

González explicó que el reajuste de la red de conciertos prevé el cierre de esas unidades y la apertura de otras siete de Educación Especial. Desde Escuelas Católicas se valoró de forma "positiva" esa apertura de líneas pero se especificó que "no es lo mismo" cerrar una unidad de Infantil que abrir una de Educación Especial. La eliminación de una clase de 3 años supone, de facto, eliminar toda una línea de la etapa de Infantil y muy probablemente del resto de etapas educativas hasta Secundaria.

Desde la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, Pablo Luque señaló que "de cara al futuro se pierden. Es una barbaridad".

En la provincia de Granada, el 24% del alumnado está matriculado en centros privados sostenidos con fondos públicos. Tanto la consejera, Adelaida de la Calle, como el delegado territorial, Germán González, aseguraron que los alumnos que ya hayan comenzado sus estudios en estos centros tienen garantizada su continuidad. El debate está en la necesidad de adaptar el número de unidades a la bajada de la natalidad. En los últimos años, el descenso en los nacimientos -y como consecuencia en el número de niños matriculados- ha sido absorbido en su mayor parte por los centros públicos, ya que los conciertos en vigor no podían revisarse hasta el fin del convenio, justamente ahora. Lo que ahora se firme entre la Consejería y los titulares de los centros tendrá vigor durante los próximos seis años en el caso de Primaria y cuatro en el resto de etapas educativas. Ante la posibilidad de que haya menos unidades concertadas, los centros han puesto sobre la mesa medidas de presión, como la lectura del manifiesto de hoy, recogida de firmas -que se entregarán el martes en Delegación- y una concentración para el día 18 en la Fuente de las Batallas.