El macrocausa Nazarí, el asunto de supuesta corrupción municipal que investiga un juzgado de Granada, también se ha visto entorpecida estos días por el coronavirus, que ha obligado a la jueza María Ángeles Jiménez Muñoz a retrasar una vez más las nuevas declaraciones judiciales previstas para este mes de noviembre. La investigación seguirá en 2021 e iniciará así el sexto año de un caso que sacudió la vida política y judicial de esta ciudad y dio la vuelta a España, con la detención policial del exalcalde de Granada José Torres Hurtado.

El caso se ha dividido en piezas separadas y algunas de ellas están archivadas (Cerrillo, Parking y Registrador, aunque esta última por orden de la Audiencia Provincial) o ya van camino de juicio oral, como el asunto de la construcción de la casa del exalcalde en la calle Obispo Hurtado. 

La pieza del Pabellón Mulhacén, que los conocedores del caso consideran uno de los asuntos medulares de toda la macrocausa, tendrá un recorrido más largo porque a principios del año pasado la fiscal y las acusaciones pidieron la práctica de nuevas diligencias que la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada ordenó practicar a continuación. La suspensión de la actividad judicial en primavera (por el primer estado de alarma), el periodo vacacional de verano y sucesivas vicisitudes de este otoño están complicando ese nuevo impulso. 

Tras varios aplazamientos por enfermedades o motivos de agenda de algunos letrados, un positivo de coronavirus ha provocado una nueva suspensión de las citaciones judiciales de investigados, testigos y peritos previstas para este mes de noviembre, después de otros aplazamientos anteriores.

La declaración de la exconcejal del PP Telesfora Ruiz, de una representante de la familia García Arrabal, de Mc Donald's y de otras empresas de restauración ubicadas en las instalaciones del Zaidín, junto al pabellón, así como la comparecencia de varios peritos, ha sido ya fijada para nuevas fechas en enero de 2021, según la providencia de 3 de noviembre a la que ha tenido acceso este periódico. 

La pieza separada del caso Mulhacén tiene relación con la construcción de un pabellón deportivo sobre una parcela municipal de uso deportivo que el Ayuntamiento adjudicó al empresario Roberto García Arrabal por medio de una concesión administrativa. Los sucesivos cambios urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento permitieron a la sociedad dividir el terreno para destinar una parte a negocios de restauración, de forma que la instalación deportiva quedó más reducida. El municipio y la empresa actuaron bajo el amparo del posible destino a usos lucrativos del 30% de los equipamientos deportivos que recoge el PGOU, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la vía contencioso-administrativa, llegó a declarar la ilegalidad de esos locales comerciales por considerar que se había vulnerado la legalidad urbanística. El asunto está pendiente de recurso por esa vía y de la investigación sobre posibles responsabilidades penales, a través del caso Nazarí.

Además, se produjo un conflicto con el propietario de la parcela colindante, el empresario Ramón Arenas, quien llevó el pleito al TSJA y que es acusación particular en esta causa penal. Atribuye a los antiguos responsables municipales y de Urbanismo un supuesto trato de favor al empresario investigado en esta causa. Los informes policiales de la UDEF hicieron un planteamiento similar que justificó la apertura de las investigaciones en enero de 2016.