A 31 de diciembre de 2021 quedaron sin consignación presupuestaria facturas de la empresa de transportes Rober por importe de 8.053.593,23 euros. Por ello, el equipo de gobierno ha tenido que recurrir a un reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente a estas facturas que supusieron un sobrecoste de 8 millones de euros en la prestación del servicio y que ahora habrá que pagar con el presupuesto de este año. 

Según el expediente, debatido hoy en Comisión de Economía, con el voto contario de PP y la abstención de UP y Vox, el presupuesto del Ayuntamiento de 2020 está prorrogado y se creó una aplicación presupuestaria denominada “Reconocimiento Extrajudicial deuda comercial Transportes Rober S.A.” por importe de 6.452.864,86 euros a la que se aplicaron en los ejercicios 2020 y 2021 una serie de operaciones pendientes de aplicar de ejercicios anteriores mediante reconocimiento extrajudicial. "Con esta operación se seguía dando cumplimiento a que el ahorro derivado de la aplicación de la medida 5 del Acuerdo de 15 de marzo de 2019 de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se destinara exclusivamente a la reducción de la deuda comercial y del período medio de pago a proveedores".

Dinero de dos partidas

Pero como en el 2022 se dan las mismas circunstancias que en 2021, se propone realizar un reconocimiento de crédito por el Pleno de la Corporación con cargo a esa misma aplicación presupuestaria por importe de 6,4 millones de euros y con cargo a la aplicación presupuestaria titulada Subvención de Transporte Urbano, el importe restante de 1,6 millones de euros. para hacer frente a las obligaciones con la empresa Rober. Lo preocupante de la operación es ese 1,6 millones, que se saca de la subvención al transporte público de este año para pagar facturas de 2021 y que generará por tanto la merma del crédito para las facturas de este año. 

Se trata de cuatro facturas referentes a los meses de agosto (2,4 millones), septiembre (1,9 millones), octubre (1,8 millones) y por recargas de bonobús (1,7 millones). En total, poco más de ocho millones de euros.

El informe del interventor indica que hay crédito "adecuado y suficiente en el presupuesto de 2022" para esta operación, por lo que "se puede proceder a la aprobación de este reconocimiento extrajudicial de créditos, a fin de regularizar la situación jurídica del gasto, siendo el órgano competente el Pleno de la Corporación". De hecho, el expediente irá a pleno de este mes.