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Mientras Granada aprobó el proyecto de Zona de Bajas Emisiones y desde este miércoles activa la maquinaria sancionadora para los vehículos incumplidores, los tribunales pueden tener una última palabra en la puesta en marcha de la ZBE. Son cuatro los recursos activos que piden su paralización: el del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Granada y los de los municipios de Armilla, Maracena y Gójar.
Según ha podido saber este periódico, todos los que han interpuesto estos recursos judiciales (una vez que la capital desestimó todas las alegaciones presentadas al proyecto) están a la espera de saber el pronunciamiento de la Justicia.
Desde Vox, formación contraria a la ZBE ya que niega directamente la Agenda 2030, indican que se está fundamentando la denuncia para su formalización una vez que el Ayuntamiento ha puesto a disposición toda la documentación requerida.
El resto de ayuntamientos, todos gobernados por el PSOE, que ha pedido una moratoria en la medida, también tienen presentados sus recursos y están “a la espera” de pronunciamiento judicial, según indican desde el Ayuntamiento de Armilla.
Los recursos de los ayuntamientos del Cinturón van en el mismo sentido de considerar que el procedimiento es irregular, amenaza la vida cotidiana de sus vecinos y además es discriminatorio al solo penalizar a los de fuera.
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