El Defensor de la Ciudadanía de Granada se suma a la petición de libertad para los dos trabajadores detenidos en Guinea

“Ante la petición de amparo urgente realizada por el hermano del granadino David Rodríguez a este defensor, exijo la máxima implicación del Ejecutivo español y de todas las instituciones para asegurar el respeto a los derechos humanos, la vida y la dignidad de los detenidos, exigir su libertad inmediata si no hay cargos justos; requerir unas condiciones humanas de detención mientras dure el proceso; un juicio justo con todas las garantías, la atención médica y el asesoramiento jurídico debidos así como el acceso consular completo”. Con estas palabras el Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, ha remitido un comunicado con el que se ha sumado a la campaña de apoyo a los dos andaluces, un granadino y un cordobés, retenidos en una carcel de Malabo, en Guinea, donde trabajaban instalando la TDT. Martín ha mostrado solidaridad total con las familias: “Nuestro corazón y apoyo están con los seres queridos de David y Javier, que sufren esta pesadilla”. Y ha exigido responsabilidad al Gobierno y a las instituciones “que tienen la obligación moral y legal” de defender a nuestros vecinos así como “un compromiso universal con los derechos humanos porque esta realidad nos implica a todos y nos indica qué sociedad queremos ser y cómo queremos proteger a nuestros ciudadanos en cualquier parte del mundo”

El Defensor ha hecho un llamamiento al Gobierno de España y a las instituciones para exigir que se garanticen los derechos humanos de los dos ciudadanos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial; un llamamiento en el que Manuel Martín muestra solidaridad con las familias y apela a la responsabilidad institucional y al compromiso universal con la defensa de los derechos fundamentales. Manuel Martín ha mostrado todo su compromiso y disposición ante la petición urgente de amparo realizada por Javier, hermano del granadino David Rodríguez: “como defensor de la ciudadanía de Granada he mostrado toda mi solidaridad y afecto a ambas familias y les he asegurado la máxima implicación con esta causa que requiere acciones urgentes, la intercesión del Gobierno español con todos los recursos disponibles y dedicando los máximos esfuerzos y por supuesto, acelerar todas las medidas diplomáticas que sean posibles”.

“Estamos con los detenidos, con sus familias, amigos y allegados; nuestro corazón y apoyo están con los seres queridos de David Rodríguez y Javier Marañón, que sufren esta pesadilla día a día”, ha afirmado el defensor, que también ha instado a toda la ciudadanía a mostrar su solidaridad pues “mientras más seamos, siempre será mejor, esta es la fuerza de la ciudadanía; no podemos permitir que dos españoles sigan sufriendo en condiciones inhumanas en una prisión conocida por sus duras condiciones”.

El defensor ha comentado que “desde antes de que el caso llegara oficialmente a la oficina, hemos puesto la vista en esta realidad en tanto que llevan detenidos diez meses, un tiempo excesivo en el que no parece haya habido demasiados avances, tal como me trasmitió personalmente el hermano de David Rodríguez en su escrito de petición de amparo”. Al respecto Martín ha indicado que la mayor preocupación y principal petición de Javier es “que se haga todo lo que sea posible”, es decir, “que se redoblen esfuerzos y se destinen todos los recursos posibles y acciones diplomáticas para alcanzar el objetivo”.

En conversaciones mantenidas con el hermano del granadino David Rodríguez, el defensor le ha trasladado que, aunque esta cuestión excede de las competencias propias de la oficina del Defensor de la Ciudadanía “ya que la materia corresponde al Estado Español y por tanto al Defensor del Pueblo Español”, no obstante, se compromete a hacer “todo lo que esté en mi mano” para ayudar a visibilizar “una vulneración de derechos que afecta a ciudadanos españoles”.

Y en este sentido ha advertido de que se trata de un compromiso que nos atañe a todos porque “la defensa de los derechos fundamentales es responsabilidad de todos; no es asunto que afecte únicamente a estas personas o a sus familias y allegados, sino que apela a qué tipo de sociedad queremos ser y cómo protegemos y queremos que se proteja a nuestros ciudadanos en cualquier parte del mundo”.

Por último, ha reiterado su firme convicción de que “las instituciones públicas deben dar un paso al frente y coordinar actuaciones como representantes de la ciudadanía con la obligación moral y el deber legal de defender a nuestros vecinos”.