Antonio Jesús Castillo ha dejado el cargo de delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. El relevo en el puesto se da a conocer un día después de la concentración en Granada de las escuelas rurales y de que públicamente el consejero, Javier Imbroda, volviera a poner en la picota a su delegado territorial por la gestión de la información.

El paso de Castillo por la Delegación no ha llegado al año. Su nombramiento se publicó en BOJA el 14 de febrero de 2019. Poco después saltó la primera polémica. A primeros de abril acusó a la familia de un menor con discapacidad de querer "chantajear con un niño en una situación dramática y nos parece injusto, inmoral y nada ético”. “Que se quiera utilizar la pena de un niño para vivir de él, me indigna”, sentenció entonces. El menor requería de personal sanitario para su atención en el centro educativo.

El inicio del curso escolar trajo de nuevo la polémica. Las familias de la Alpujarra demandaron más medios humanos para las escuelas rurales. La situación derivó en un enfrentamiento frontal entre el delegado y las familias, que llevaron a cabo un paro educativo para exigir más maestros. Imbroda llegó a decir que las familias utilizaban a sus hijos como "rehenes", lo que echó más leña al fuego.

Quizá aquella situación ha sido el germen de las movilizaciones de las últimas semanas. En diciembre, el delegado expuso a todos los directores de centros de Granada la posibilidad de acometer dos cambios sustanciales en el mapa educativo. Por un lado, esbozó la posibilidad de eliminar los Semi D, como se denominan a los centros rurales en los que se imparte Infantil, Primaria y los dos primeros cursos de Secundaria. También explicó que se apostaría por desarrollar en formato de proyecto piloto los denominados CEIPSO, Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. 

Tras aquella reunión del 11 de diciembre, los directores reclamaron "concreción". La falta de normativa sobre los cambios propuestos y la proximidad del proceso de escolarización (que arranca el 1 de marzo) levantó recelos entre profesorado, las direcciones de algunos de los centros y, sobre todo, en las familias.

La cuestión empeoró cuando Castillo expuso la pasada semana sus argumentos para llevar a cabo los cambios. Por un lado, defendió que los niños de los colegios rurales que cursan primero y segundo de ESO en estas escuelas salen peor preparados, indicó que los propios padres le habían demandado el cambio y que si no se había hecho antes fue por falta de voluntad política. También indicó que estos cambios quedaban supeditados al "consenso", por lo que convocó a las familias a una reunión prevista para mañana sábado que finalmente se ha anulado.

También arguyó que la Inspección Educativa en Granada había refrendado la necesidad de acometer la reforma, algo que desde la Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE) se corrigió al reivindicar que era una decisión "exclusivamente política". Además, hubo informes de la Inspección en Granada que señalaban la necesidad de mantener los Semi D mientras existiera esa figura en Andalucía.

La gota que colmó el vaso fue la manifestación convocada por Fampa Alhambra, CGT y Ustea, en la que participaron otros colectivos, partidos políticos, familias y docentes. En la marcha se reclamó un compromiso "a largo plazo" con la escuela rural.

Esa misma mañana, el consejero vinculó a una "falta de comunicación" o a una comunicación "incorrecta" los "problemas" que han surgido en torno a la reorganización de los centros rurales, en declaraciones recogidas por Efe.