El joven que denunció haber sufrido abusos sexuales por parte de sacerdotes de la diócesis granadina llegó a hablar, en la carta que envió al Papa Francisco el pasado 4 de agosto, de otras cuatro posibles víctimas "que él supiera", informaron fuentes próximas al caso a este diario.

Según estas mismas fuentes, en su escrito, tras el que recibió la llamada del Santo Padre, narraba su experiencia traumática y señalaba directamente como principal responsable a uno de los diez religiosos que están siendo investigados y que era párroco de una Iglesia de la capital. Ese religioso vivía con otros ocho sacerdotes de otras parroquias y dos laicos más.

La víctima -siempre según las fuentes- acudía "desde que tenía siete años" a la parroquia, donde "hacía de monaguillo y ayudaba a misa". La relación con el párroco empezó a ser más estrecha y comenzó a pasar en su casa algún fin de semana, "y luego días sueltos de la semana".

Fue a los 17 años cuando, de acuerdo con las fuentes, "se va a vivir definitivamente a la casa parroquial con el mencionado párroco, otros sacerdotes y dos laicos". En su denuncia, finalmente dirigida contra las doce personas que están siendo investigadas, señala a unos "como autores materiales de los hechos y a otros como encubridores". Ahora, habrá que determinar si los comportamientos libidinosos que narra fueron constitutivos de abuso sexual, agresión sexual o violación.

El caso, que continúa bajo secreto de sumario en el juzgado que dirige el magistrado Antonio Moreno (Instrucción 4) sigue provocando numerosas reacciones. Ayer, antes de que hablara el arzobispo de Granada, Javier Martínez, se pronunció incluso la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que criticó el silencio hasta ese momento del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, sobre el asunto, cuando "ha pedido perdón hasta el Papa".

"Ese tipo de delitos me parecen repugnantes, creo que a mí y al conjunto de la sociedad", indicó la jefa del Ejecutivo andaluz, que expresó su confianza en que "haya transparencia" para que "paguen los culpables" porque "este tipo de delitos no pueden quedar impunes", informó Europa Press.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, que ya dijo el pasado martes que la Policía tenía dos líneas de investigación y que no se descartaban detenciones, también fue preguntado ayer sobre las declaraciones que durante la mañana habrían realizado varias personas vinculadas al caso ante la Policía Nacional. Según Europa Press, el subdelegado sólo quiso matizar que no necesariamente se trataría de las personas directamente implicadas en los supuestos abusos, sino también de posibles cómplices que encubrieron los hechos o que por otras cuestiones pueden aportar datos que ayuden a la investigación.

Sobre las posibles detenciones apuntadas por el subdelegado el martes, las fuentes de la Policía Judicial consultadas por este diario para confirmar dicho extremo se negaron a facilitar ningún tipo de información sobre la causa por estar "bajo secreto de sumario". Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) afirmó ayer a este periódico que "judicialmente no está prevista ninguna detención" en el marco de la causa penal que se sigue en el juzgado por este asunto que ha llevado al Arzobispado de Granada a apartar del ejercicio a varios de los sacerdotes investigados.

Pérez recordó que la Policía Judicial está practicando las diligencias que se han considerado oportunas tanto por parte de la Fiscalía como del Juzgado competente para esclarecer "la verdad" y siguió sin descartar que de estas actuaciones se deriven detenciones. En todo caso, se producirán cuando la autoridad judicial lo considere oportuno. "Hay una serie de personas que parece ser que han cometido algún delito, pero hay que demostrarlo con las pruebas y los datos suficientes y eso es en lo que trabaja la Policía", se recordó desde la Subdelegación, que ya el martes precisó que no se habían realizado contactos con el Arzobispado de Granada por este caso.