La diputada de Empleo niega haber cometido "ninguna ilegalidad"

"Considero que debo estar tranquila porque creo que mi actuación ha sido correcta en el procedimiento sobre toda la relación de facturas". Con estas palabras, la diputada provincial de Empleo y Desarrollo, María Merinda Sádaba (PP), encabezó las manifestaciones que hizo ayer a la prensa tras salir del Juzgado de Instrucción 2 de la capital, donde declaró durante una hora en calidad de imputada por un posible delito de prevaricación y desobediencia.

La diputada, que se ha visto inmersa en esta causa judicial por la denuncia de varios empresarios por el impago de facturas relacionadas con el caso de la feria Mercamed, aseguró no haber cometido "ninguna ilegalidad", pues basó su actuación en "informes de los técnicos de la delegación que manifiestan que existen irregularidades" en dichas facturas .

Sádaba recordó que existe un procedimiento judicial abierto, en el Juzgado de Instrucción 6, en el que se investigan las presuntas irregularidades cometidas en aquella feria celebrada en Tetuán el año pasado, durante el anterior gobierno de la institución provincial. En este contexto, destacó que fueron tanto la Fiscalía Superior de Andalucía como la Fiscalía Provincial las que vieron "indicios de delito" en las actuaciones llevabas a cabo dentro del programa de cooperación transfronteriza POCTEFEX, financiado con fondos europeos y en el que se enmarcó la citada feria, el proyecto Magrec y las facturas cuyo pago se reclama.

"Esas facturas están siendo investigadas, con lo cual entiendo que yo no me puedo pronunciar sobre ellas", subrayó Sádaba, que se acogió durante su interrogatorio a su derecho a no contestar a las preguntas del letrado de los denunciantes y se limitó a responder a las cuestiones planteadas por su abogado. Sí dejó claro ante los medios que ella "jamás" se negó a pagar nada que estuviera correctamente ejecutado. "Lo único que hago es trasladar mi opinión para que la Fiscalía y el letrado de la institución se pronuncien",dijo.

En cuanto a quienes desde el PSOE la han acusado de haber tomado sus decisiones sin atender a ningún informe ni criterio técnico, subrayó que "lo único que tratan es lanzar cortinas de humo para quitarle hierro al asunto que verdaderamente está siendo investigado" (el caso Tetuán).

"Esto no ha sido más que una madeja de asuntos presuntamente turbios y, desde luego, saldrán muchas más cosas de ahí", dijo, insistiendo en que el asunto "no se circunscribe a la feria de Tetuán ni a la factura de la mujer de Cuenca, sino que hay mucho más por descubrirse".

La diputada fue denunciada, junto con el interventor de la Diputación, por varios empresarios que le acusan de negarles el pago de unas facturas de los trabajos que realizaron en el marco del proyecto Magrec en Marruecos. Según los denunciantes, la diputada les dejó fuera del plan de pago a proveedores "al margen de cualquier procedimiento legal" y en contra de las normas administrativas. Sin embargo, ella, que confía en que se archive la denuncia, está convencida de que ha actuado correctamente. "Para eso tenemos la Justicia: para que ponga a cada uno en el lugar que le corresponde", recalcó.