La socialista Marina Martín, actual alcaldesa de Chauchina, ha denunciado en el juzgado su reciente despido como directora de la Fundación para el Desarrollo del Legado Andalusí (dependiente de la Junta de Andalucía) y alega que el cese se debe "única y exclusivamente a razones ideológicas", pese a reconocer que tenía un contrato de alta dirección y a haber formado parte de la lista de altos cargos andaluces del anterior Gobierno del PSOE.

El pasado 1 de agosto tuvo entrada en el Juzgado de lo Social número 5 de Granada la demanda firmada por Marina Martín Jiménez el 15 de julio, en la que reclama a la jueza que ordene su reincorporación a la plantilla del Legado Andalusí (por posible nulidad de la destitución) o una indemnización por despido improcedente. En cualquier caso, pide ser ella misma la que pueda elegir entre una u otra solución. Ya está previsto el juicio para el 30 de marzo de 2020.

La Junta de Andalucía confirmó el despido de Marina Martín al frente del Legado Andalusí el pasado 14 de junio, lo que supuso la salida del último alto cargo directivo de confianza socialista de los grandes organismos de la Administración autonómica en la provincia de Granada. Poco antes se había producido la destitución de Jesús Quero al frente del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), de Reynaldo Fernández en la Alhambra, de Francisco Álvarez de la Chica en el Puerto de Motril o de María José López como directora de Cetursa Sierra Nevada, entre otros puestos similares. 

En todas estas plazas, el nuevo Gobierno de PP y Cs fue relevando a los cargos directivos con el nombramiento de otras personas de su confianza. La salida de los responsables socialistas era algo más que previsible y hasta esperado por su partido. Pero Marina Martín, que a lo largo de su trayectoria política ha tenido cargos como delegada provincial de las Consejerías de Medio Ambiente y de Empleo, y de directora general de Gestión del Medio Natural, no ha aceptado de buen grado su salida del Legado Andalusí, último organismo autonómico donde ha tenido su cargo directivo desde 2013 hasta junio pasado, un día antes de ser investida alcaldesa del municipio de Chauchina. 

Los motivos que alega la denunciante son variados, pero destaca sobre todo su reiterada alusión a las supuestas "represalias" políticas de los nuevos dirigentes de la Junta (PP y Cs), dado que Martín llegó al cargo como puesto de confianza socialista. 

"No hay que ser muy culto o políglota o licenciado en universidades extranjeras para concluir" que el cambio de dirección se ha producido por motivos políticos, expone en su demanda, donde explica que "es y ha sido militante del partido político PSOE, hasta el extremo de ser actualmente alcaldesa del municipio de Chauchina por dicho partido". Esas "razones ideológicas" a las que atribuye el despido le llevan a denunciar una supuesta "vulneración de derechos fundamentales". 

En la demanda, la socialista explica que su cargo escondía en realidad una "relación laboral común", como la de cualquier otro trabajador y no como dirigente de máxima confianza de la Consejería de Cultura. Lo fundamenta en que había una "aparente delegación de funciones", pero "todas las decisiones estratégicas y propias de la personalidad del Legado las tomaba el Patronato". 

El procedimiento que se siguió para su nombramiento (designación por parte del Patronato), así como la falta de obligación de fichar en el trabajo y justificar ausencias estaría más en consonancia con las características de un alto cargo de confianza de la Junta, en cuyo listado oficial figuraba Marina Martín.

La directora del Legado tenía asignado un sueldo de 53.568 euros (según relación pública de 2016), una cantidad superior a la que cobraban los delegados provinciales y similar a la de casi todos los directivos de agencias, patronatos y organismos dependientes de la Junta. 

A estos motivos principales, la socialista añade en su demanda otras cuestiones de forma como la falta de preaviso de su despido, cuya cantidad habría sido abonada en la cuenta del finiquito, que superó los 10.000 euros. También reclama el pago de las pagas extra de julio y diciembre de este año. 

Un día después de su despido, la socialista fue sustituida por la política del PP Concha de Santa Ana, que fue nombrada por la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, a propuesta de la Comisión Ejecutiva del Legado Andalusí. Se trata del proceso habitual en el nombramiento de altos cargos andaluces, donde hasta ahora se ha valorado sobre todo la confianza de los dirigentes políticos que gobiernan.

La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía incluye en el listado de estos trabajadores a los que desempeñen la "presidencia, gerencia, dirección o cargo asimilado que ejerza la función ejecutiva de máximo nivel de las demás entidades de la Administración de la Junta de Andalucía y de las Fundaciones y Consorcios con participación directa de la misma superior al 50%". El Legado Andalusí depende por completo de la Junta de Andalucía.