Más de veinte mil procesados por los Tribunales Militares bajo el franquismo en Granada. Ésta es la cifra de juicios sumarios que el profesor almeriense, Juan Hidalgo, estima que podrían haberse producido en la provincia desde 1936 hasta 1950.

Tras siete años de estudios, Hidalgo ha presentado su tesis doctoral La justicia militar en Granada: Los jueces instructores y procesados en Granada, por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería.

En el documento, su autor ha conseguido documentar más de 7.100 procesos sumarios en la provincia, -de las que 800 disponen del acta de defunción-, "convirtiéndose así en la zona donde más juicios se produjeron de todo el país", según mantiene Hidalgo.

El estudio incluye estadísticas sobre estos procesos, lo que pone de relieve, entre otros datos, que el 8,11 por ciento de los enjuiciados eran condenados a muerte; que más de la mitad de los reos eran meros trabajadores; que fueron asesinados más de 200 alcaldes; o que el 55,50 por ciento de los procesados no tenía una vinculación ideológica conocida.

Pero Hidalgo no sólo se ha centrado en las cifras, sino que el documento, que se divide en dos tomos, ahonda sobre quiénes fueron los enjuiciados, los delitos que se les imputaban así como la sentencia y las fechas en que se produjo, entre otros datos, lo que ha disipado la oscuridad sobre muchas muertes de la época franquista.

La selección de los casos fue de forma indiscriminada, aunque, además de los personajes anónimos -los muertos desconocidos, como los llama el autor-, la tesis incluye pequeñas biografías sobre personalidades relevantes de la sociedad granadina, como el presidente de la Diputación de Granada, Virgilio Castilla, el líder sindical de UGT en Granada, Antonio Ruz Romero, o el presidente de la Diputación de Baza, Manuel Tovar.

Junto a las pinceladas personales, Hidalgo recoge varios pasajes históricos, como el del día en que se produjo el primer disparo de la Guerra Civil en la provincia, la declaración de la guerra en Baza o los fusilamientos en las cumbres en Huéscar.

Pero, sin duda, el principal valor de este documento reside en las historias personales. Así, la tesis recoge el drama de una mujer embarazada, que no fue fusilada hasta que dio a luz y los falangistas le despojaron de su bebé; o la fortuna de Adriano Romero, un comisario que consiguió salir con vida de cuatro penas de muerte; o el coraje de Miguel Santaolalla, médico de Baza, que se negó a seguir realizando autopsias a los cadáveres de la matanza de Turón.

También el bando de los sublevados tiene cabida en el informe, representado por los alrededor de 300 jueces que durante dieciséis años instruyeron las causas. "Los jueces no eran quienes emitían la condena de muerte -función del Consejo de Guerra- pero allanaban bastante el terreno", explica Hidalgo. En este sentido, destacaron los magistrados Salmerón, Pelegrín, o Díaz Pla, aunque el más implacable fue García Guerrero, quien tiene a sus espaldas miles de condenas a muerte.

Estos jueces emitían las resoluciones en los trece partidos judiciales en los que se dividía la provincia -actualmente nueve-.