El actual propietario de la discoteca del Serrallo, Abel Pizarro, acaba de pedir a la jueza que investiga la construcción de esta instalación en terrenos destinados a parque infantil que, de forma "urgente", amplíe las citaciones como investigados a empresas y profesionales que tuvieron participación activa en la construcción del edificio, como presuntos responsables de un delito contra la ordenación del territorio. El motivo de la inmediatez solicitada es que los hechos podrían prescribir el próximo mes de junio, cuando se cumplen 5 años de los presuntos actos delictivos.

El empresario, responsable de la sociedad Sky Club Serrallo Plaza SL, que compró el negocio tras la quiebra de la empresa promotora, Upper Club (García Arrabal y otros socios), ha podido acceder como afectado directo a la causa que se investiga en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, después de que la jueza ordenara el cierre cautelar de la discoteca a finales del año pasado.

Pizarro exige rapidez porque los hechos podrían prescribir el próximo mes de junio

Además de haber recurrido esta medida, la actual empresa propietaria ha remitido varios escritos al Juzgado en los que se muestra "sorprendida" por las decisiones adoptadas hasta la fecha en la instrucción de este caso, que comenzó en 2014. El abogado de Pizarro censura que tanto la fiscal como la jueza se hayan centrado en investigar a una "retahíla de cargos públicos y funcionarios municipales de alto rango para el esclarecimiento de otros posibles delitos, sin incidir en quienes serían los máximos responsables del delito contra la ordenación del territorio", que a su juicio, es el que da origen a este asunto judicial. Respecto a la fiscal, el empresario llega a decir que se ha dejado llevar "por lo mediático y no por lo que señala el tipo penal", todo ello antes de añadir que por otra parte su labor ha sido "encomiable pese a la escasez de medios".

En este caso se investigan delitos como los de prevaricación, fraude en la contratación o malversación de caudales públicos. Recientemente se ha incluido en la lista de investigados al ex alcalde, José Torres Hurtado, y a todos los miembros de la junta de gobierno local en 2012.

Los nuevos investigados propuestos son tanto empresas como personas físicas: la sociedades Inversiones Área Sur SL, Fontdeis SL y el director de obra Alejandro G. R. R. Todos ellos serían responsables, a su entender, del delito correspondiente por la construcción de unos pabellones en una zona no autorizada para ello y sin las licencias establecidas para ello, pues considera que se trata de una obra privada y no pública, aunque se hiciera sobre terrenos municipales.

El actual propietario también apunta en su escrito algo que puede tener una repercusión futura para sus intereses, pues sostiene que la presunta colaboración de políticos y funcionarios con los promotores convierte al Ayuntamiento de Granada en favorecedor de un delito contra la ordenación del territorio, "siendo sorprendente que no sea considerado para este presunto delito concreto como posible responsable civil".

Dado que la empresa promotora, Inversiones Área Sur, ha sido vendida por García Arrabal durante el proceso de esta instrucción judicial, el actual propietario de la discoteca también pidió la imputación de la sociedad heredera de aquella (ha cambiado el nombre a Taler Real Estate) y de su actual representante legal. Esta imputación fue apoyada por la acusación particular del denunciante original de este caso.

La sociedad aludida ha presentado a su vez en el Juzgado un escrito en el que pide a la jueza que rechace estas imputaciones al considerar que la empresa de Pizarro está instando estas nuevas medidas con "mala fe". Expone que Sky Club Serrallo Plaza y Taler Real Estate están actualmente enfrentadas en "diversos procedimientos abiertos", de lo que se derivan "intereses ajenos a este procedimiento".

Por otra parte, el PSOE acaba de presentar en el Juzgado su petición de personación en la causa como acusación popular, sumándose así a la que ya ejerce el partido político Vox. Como acusación particular también están el particular denunciante inicial del caso y el Ayuntamiento de Granada.