Las familias con escasos recursos de otros 26 municipios de la provincia tendrán la posibilidad de mejorar sus viviendas de forma menos gravosa, gracias a la adhesión de sus ayuntamientos al Plan de Rehabilitación de la Vivienda puesto en marcha por la Junta de Andalucía.

La Consejería de Vivienda, a través de la delegación de Gobierno, mantuvo ayer una reunión con los alcaldes de las 26 localidades de toda la provincia de Granada en la que se firmó un acuerdo de integración en el proyecto, que cuenta ya con 107 municipios.

Con él, se verán beneficiadas más de 1.300 familias granadinas y cuyo principal objetivo es la rehabilitación de viviendas y la construcción de otras nuevas de protección oficial, según informó la delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio en Granada, Nieves Masegosa, quien explicó que el plan de vivienda se prolongará hasta 2012 y está dotado con una financiación superior a los 30 millones de euros.

En cuanto a la ejecución de las mejoras, la Delegación de Vivienda aporta el 50% del coste total, además de la redacción del proyecto y la dirección de obra, y los promotores el otro 50%, para lo cual se concederán ayudas de entre 10.000 y 12.000 euros en proyectos básicos y entre 14.000 y 18.000 euros en los de mayor envergadura.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Granada, Jesús Huertas, -que presidió el encuentro con los alcaldes- recuerda que el total de 107 municipios acogidos al proyecto supone un aumento del 35% respecto a las localidades integradas en 2007.

En total, el plan de vivienda prevé la creación de 300.000 viviendas, tanto en régimen de venta como de reconstrucción de las mismas, según comentó Masegosa. Sobre la finalidad de la iniciativa, Huertas argumentó que "lo que se pretende con este nuevo programa es facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo, de los jóvenes que quieren independizarse y que no cuentan con los suficientes recursos económicos", además de mejorar la calidad de las viviendas ya existentes.

Para poder acceder a las ayudas, los solicitantes deberán reunir una serie de requisitos, consistentes en disponer de unos ingresos inferiores a los 15.000 euros anuales; contar con la propiedad de la vivienda o con el permiso escrito del propietario si son inquilinos; y que el inmueble tenga, como mínimo, 24 metros cuadrados útiles y una antigüedad superior a 10 años.

Otro de los propósitos del proyecto es liberalizar el terreno urbano y promover un modelo de ciudad sostenible, es decir, hacer compatible el ordenamiento urbano con la sostenibilidad medio ambiental. En este sentido, el delegado del Gobierno andaluz recordó "la importancia de hacer reservas de suelo municipal para destinarlo a la construcción de viviendas protegidas y garantizar el acceso a una vivienda a las familias medias que tienen dificultades en el mercado libre".

En los últimos cinco años, el Plan Concertado de Vivienda y Suelo en Andalucía ha permitido la rehabilitación de 5.000 viviendas en la provincia.