La Fiscalía presenta denuncia por la falsificación de la firma de un catedrático de la Universidad de Granada

La Fiscalía de Granada ha presentado denuncia por la presunta falsificación de la firma de un catedrático de la Universidad de Granada (UGR). Los hechos llegan así a los juzgados después de que la Inspección de Servicios de la propia Universidad haya analizado el caso.

Los hechos que ahora investiga un juzgado granadino se remontan al año 2024. El catedrático de la Universidad de Granada Miguel Botella, emérito en aquel momento, llevó a la Inspección de la UGR la presunta falsificación de su propia firma. El procedimiento interno fue entonces confirmado por el propio rector, Pedro Mercado.

Los hechos denunciados fueron adelantados por el diario El Debate. Se indicaba en la denuncia ante la Inspección que el catedrático de Antropología Física no había dado su autorización para que un alumno de posgrado presentara su trabajo de fin de máster (TFM), requisito imprescindible para conseguir el título. Pese a no tener el visto bueno del profesor, se presentó una "supuesta autorización" para defender el trabajo académico ante el tribunal que debía calificarlo. Según la denuncia que se presentó en aquel momento ante la UGR, esa firma que abría la puerta a que el trabajo fuera evaluado era falsa.

Según el mismo documento adelantado por El Debate, el catedrático se habría negado a rubricar la autorización para presentar el trabajo porque éste estaba "plagiado y no tenía ni una sola cita bibliográfica". Con todo y pese a las presuntas irregularidades en la redacción del texto, el TFM se presentó, se defendió ante el tribunal académico y consiguió una calificación de 9,5 sobre un máximo de 10 puntos.

Fuentes universitarias indicaron que el procedimiento en la Inspección de Servicios se desarrolló según lo establecido en la normativa para determinar lo ocurrido. Ahora, fuentes judiciales confirman que la Fiscalía de Granada ha presentado denuncia por estos supuestos hechos y que se ha puesto en marcha el proceso para dirimir qué ha ocurrido y si hay algún tipo de responsabilidad por parte del denunciado, el alumno.

El procedimiento de la Inspección de Servicios de la Universidad de Granada, que se ha completado, consistió en recopilar información sobre los hechos y determinar el alcance de los mismos. Hace un año, cuando salieron las primeras informaciones sobre el caso, el propio rector explicaba que "si hay algo que, como parece que se denuncia, sea delictivo, será el juzgado y no la Universidad, la que tenga que decidirlo". Por contra, Mercado especificó entonces que "si se trata de algo interno universitario se seguirá el procedimiento correspondiente".

Un año después el caso ha pasado de estar en manos de la Universidad a los tribunales. Fuentes universitarias puntualizaron que la Inspección únicamente puede actuar en el ámbito de la comunidad universitaria y el alumno de máster denunciado ya no pertenece a la misma al haber finalizado sus estudios.

Existen dos denuncias en el juzgado por los mismos hechos, según confirmaron fuentes judiciales. La otra ha sido admitida a trámite y se ha acumulado a la de la Fiscalía, señalaron las mismas fuentes.