"El legado de Lorca llegará de 'alquiler' antes del 30 de junio". En diciembre del pasado 2017, este fue el titular con el que Granada Hoy avanzó que la obra del poeta granadino volvería a casa antes de entrar de lleno en el verano de este año. El legado llegaría como 'aval' durante los tres primeros años, tiempo en el que se negociará la creación de una fundación pública a la que pasaría la titularidad de los fondos con la participación de la familia Lorca de entre un 20% y un 25%. Este fue el acuerdo que el 20 de diciembre rubricaron el Consejo Rector del Centro Lorca -en el que se encuentran el Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial, la Consejería de Cultura y el Ministerio de Cultura- y la Fundación Lorca para poner fin a una larga polémica sobre el uso de los fondos por parte de la institución presidida por Laura García-Lorca en la construcción del edificio de la plaza de la Romanilla.

Hicieron falta dos auditorías de trabajo de una comisión de técnicos de las administraciones para que ese día se acordase liquidar la encomienda a la Fundación, lo que deparó tras un constante baile de cifras que la institución dejase sin justificar un millón de euros -recibió más de 21 millones para construir el Centro Lorca- que se pagaría 'en especie' durante un trienio con el depósito del legado.

Sin embargo, este acuerdo conllevó una serie de reacciones en los grupos municipales de la oposición, que criticaron la "falta de transparencia" en el acuerdo con la familia. Ante ello, pidieron que se ofreciese toda la información de las cuentas del centro para asegurar que los fondos públicos invertidos en la construcción del centro estuviesen garantizados.

Desde la oposición -tanto desde el PP, C's, Vamos Granada e IU- se denunció que había "muchos aspectos sin aclarar", siendo en este punto el portavoz de IU, Francisco Puentedura, quien más ahondó en el fondo de la cuestión. Según Puentedura, el acuerdo no aseguraba la permanencia del legado en la ciudad.

Toda esta vorágine en torno a los acuerdos se remonta al año 2015. Ferrovial, la empresa constructora del centro, se plantó con el 95% de la instalación construida y exigió que se le abonasen los 5 millones de euros que se le debían antes de terminar la obra. Ese momento coincidió con el fin de los Fondos Feder -habían aportado 5,6 millones-. Fueron finalmente las instituciones quienes acordaron pagar la deuda con los cerca de 4 millones de euros de los fondos Noruegos EEA Grants -que no tendrán que ser devueltos ya que las exposiciones organizadas en el último semestre del 2015, más el acuerdo para la llegada del legado, dan por bien empleado el dinero-.

Tras ello, las aguas volvieron a revolverse. Laura García-Lorca denunció al que fuera secretario de la Fundación, Juan Tomás Martín, por falsedad documental y apropiación indebida de capitales -aceptó dos años de prisión por llevarse cerca de 2 millones de euros durante la construcción del centro-; momento en que apareció además un crédito impagado con La Caixa por parte de la Fundación de 4 millones de euros.

Las cuentas no salían y, para colmo, en 2016 el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid iniciaron un expediente para declarar como BIC el legado del poeta, algo que enfadó a la familia Lorca, que por entonces tenía una oferta de la Universidad de Texas para albergar el fondo lorquiano.

En ese punto, fue cuando Francisco Cuenca llegó a la Alcaldía de Granada tras estallar la Operación Nazarí y se conoció el acuerdo que, a día de hoy, sigue suscitando controversia: la Fundación y La Caixa firmaron un acuerdo el 8 de septiembre de 2016 por el que la entidad financiera condonó la deuda -4 millones- a cambio de tener una presencia "somera" en el Centro Lorca.

Este convenio implicaba que La Caixa pueda organizar exposiciones con el legado en el futuro, ya que la Fundación habría puesto como aval el propio legado. Sin embargo, ese acuerdo no se ha llegado a hacer público por completo lo que suscitó una polémica que incluso ha llegado hasta la Fiscalía.

La oposición en el Ayuntamiento de Granada criticó que en el acuerdo firmado en diciembre para la llegada del legado entre Consorcio y Fundación, las instituciones 'asumieron' el convenio con la institución financiera sin tener conocimiento pleno de los detalles de este pacto. Pese a ello, el por entonces secretario de la Fundación -tras la salida de Juan Tomás Martín- y actual ministro de Cultura, José Guirao, en declaraciones a este diario en enero indicó que el acuerdo entre la Fundación y La Caixa es de carácter privado y "abarca aspectos que no tienen nada que ver con el Centro Lorca, ni con el Legado".

El propio Guirao confirmó que él mismo certificó las cláusulas del acuerdo privado que se refieren a la participación o que tienen que ver con La Caixa en el Centro Lorca. Además, indicó que "es la propia entidad financiera la que, por su política interna, no da a conocer nunca los detalles de sus convenios de colaboración".

Ante ello, el concejal de IU, Francisco Puentedura, denunció la "falta de transparencia" en este acuerdo privado y detalló que el abogado del Estado Fernando Beltrán, en su informe jurídico, señalaba que no podía valorar el acuerdo porque no se le había facilitado.

Asimismo, el PP también pidió que se investigase este aspecto. Cuando Sebastián Pérez inició su carrera hacia la Alcaldía informó que iba a llevar a Pleno una moción para trasladar a la Fiscalía los últimos acuerdos firmados entre las administraciones y la Fundación Lorca, así como los convenios entre La Caixa y la Fundación del poeta para conseguir la llegada del legado. En este acuerdo de diciembre figuraba la firma del representante del Ministerio de Cultura, que por entonces estaba controlado por el Partido Popular. Este movimiento, que se produjo en abril, quedó paralizado ya que la misma mañana del Pleno el propio PP retiró la moción. Sin embargo, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa el grupo municipal la volvió a registrar y salió adelante.

El asunto fue llegado a la Fiscalía y el PP confirmó que "no iba a parar" hasta conocer todo el convenio del Centro, en concreto, hasta obtener el Anexo II del acuerdo entre La Caixa y la Fundación. A la par, criticaron las "evasivas" de Ayuntamiento, Diputación, Consejería y Ministerio de Cultura para no facilitar dicho documento.

Tal y como indicó el coordinador municipal del PP, Juan Antonio Fuentes, el "miedo" a no entregar el documento se debía a que "la información que en él se recoge podría desvelar que se han cometido presuntos delitos como prevaricación o malversación de fondos públicos". Al mismo tiempo, recriminó al Ministerio de Cultura por haber remitido como información un certificado de José Guirao en el que tan sólo se desglosan algunas cláusulas del anexo pero no todo el contenido.

Asimismo, el edil temió que "esa copia completa del anexo tampoco se la den a la Fiscalía", temor que se confirmó unos días después. El Ministerio Público indicó que "por el momento" había tomado la decisión de archivar la investigación al considerar que la documentación aportada para demostrar cualquier ilícito penal resultaba "insuficiente".

Según la Fiscalía, la documentación recibida hace referencia al acuerdo aprobado por el Pleno Municipal y a la descripción de posibles irregularidades contables. Asimismo, indicó que sería precipitado iniciar una investigación sin que se adjunten y concreten las resoluciones de los órganos de intervención de control internos de las administraciones implicadas sobre los expedientes de reintegro de las subvenciones concedidas a la Fundación Lorca.

Este 'portazo' provisional de la Fiscalía llegó el pasado 27 de julio, cuatro días antes de que la Abogacía del Estado emitiera su informe jurídico, que tiene carácter no vinculante, en el que se analiza los puntos del "polémico" acuerdo. Según el informe de la Abogacía del Estado "el anexo no contiene una copia íntegra del Convenio (...) suscrito entre la entidad La Caixa y la Fundación".

Así, se considera que el acuerdo suscrito en 2017 tiene un objeto "perfectamente delimitado" y, a su juicio, su aprobación no determina la pérdida de vigencia del convenio de 2007. "A pesar de que haya quedado concluida y liquidada la encomienda en los términos aprobado el 20 de diciembre de 2017, ello no obsta", es decir, que no supone un impedimento, "a que se mantenga la obligación de la Fundación de depositar en el Centro los bienes que integran el Legado".

El informe de la Abogacía del Estado concluye que no existe tampoco incompatibilidad entre las previsiones del acuerdo del 2017 y el convenio de 2007 "singularmente en lo relativo a la obligación de depositar el Legado en el Centro. La constitución de un derecho real de usufructo como medio de pago de la liquidación de la encomienda no excluye la obligación de depósito del mismo en el Centro, una vez haya concluido el plazo de duración del usufructo, si no se constituyera la FPSA" -Fundación del Sector Público Andaluz- y con sujeción a los términos de 2007.

Ahora habrá que esperar para saber si finalmente a este aspecto se ha puesto "punto y final" como dijo el portavoz del equipo de Gobierno del PSOE, Baldomero Oliver, a un "culebrón montado por la oposición municipal"; si por el contrario la Fiscalía, que archivó "provisionalmente" la investigación, decidirá retomar las indagaciones; o si se podrá acceder en un futuro al polémico acuerdo de forma completa, algo que de momento no ha conseguido ni la Abogacía del Estado. Asimismo, también se tendrán puestos los ojos en el 29 de junio del año 2021, fecha en la que se cumplen tres años de la llegada del legado, para conocer si finalmente, como concluye el informe de la Abogacía del Estado, los fondos del poeta se quedarán en Granada y serán de titularidad pública.