Instituciones Penitenciarias

Los funcionarios de prisiones denuncian ante el juzgado la crisis de la cárcel de Albolote

  • Se han querellado contra el director de la prisión y el secretario general de Instituciones Penitenciarias

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Entrada principal al Centro Penitenciario de Albolote / G. H.

La “situación límite” de los funcionarios de la cárcel de Albolote ha llegado al juzgado. La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias ha denunciado al director del Centro Penitenciario de Albolote y al secretario General de Instituciones Penitenciarias por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por imponer condiciones laborales que suprimen los derechos reconocidos por disposiciones legales.

Así consta en la denuncia, fechada a día 27 de diciembre de 2018, a la que ha tenido acceso Granada Hoy, en la que consideran que ambos son responsables de que se haya realizado un “incumplimiento en las jornadas laborales de los funcionarios en prácticas”, existan “riesgos a los que se exponen los trabajadores”, así como que se habría ejercido sobre los trabajadores un “abuso de superioridad”.

Entre el 17 y el 22 de diciembre, una oleada de bajas médicas dejó totalmente en cuadro la cárcel de Albolote. En torno a 60 funcionarios se dieron de baja, lo que obligó a una veintena de trabajadores a realizar servicios de 24 horas, así como a que se tenga que recurrir a personal en prácticas para poder garantizar un servicio mínimo en la prisión.

Ante ello, desde Prisiones se amenazó con “medidas penales” si se descubría que se trataba de una huelga encubierta. Todo ello mientras desde la Junta de Personal de las Instituciones Penitenciarias de Granada denunciaba ante la Subdelegación del Gobierno en Granada que los funcionarios de prisiones estaban expuestos a “una situación de riesgo”, tanto para “su propia seguridad como la de los internos y el establecimiento penitenciario”.

En el escrito que remitieron a la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, la Junta de Personal denunciaba la situación de la cárcel en la que “los servicios se están soportando por funcionarios en prácticas”, un hecho que “contraviene la normativa en materia de formación”.

Asimismo, manifestaban que “tanto el personal de carrera como el de prácticas estaba siendo sometido a turnos ininterrumpidos de 24 horas, lo que contraviene la circular sobre jornadas y horarios que rige nuestro funcionamiento”. Por lo que advertían que “la asunción de cargas de trabajo excesivas, junto a la real situación de riesgo a la que están siendo sometidos está generando un aumento inadmisible de los riesgos psicosociales a cada una de las personas afectadas”.

Ante ello, diez días después, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias ha interpuesto una denuncia para que, si el juez lo estima oportuno, abra una causa en la que se investigue lo ocurrido en la prisión granadina.

Según consta en el escrito de denuncia, se obligó a los funcionarios en prácticas “a realizar jornadas de trabajo de 24 horas continuadas ininterrumpidas con un solo descanso de 12 horas y todo ello en un entorno de máxima seguridad y responsabilidad que conlleva una alta exigencia de atención con el consiguiente desgaste personal, tanto físico como emocional y una merma en la salud”. Todo ello con el conocimiento del secretario general que “no tomó ninguna decisión que resolviese la situación”, pese a que según las jornadas y horarios del sector, “bajo ningún concepto se ampara la obligación de realizar jornadas indefinidas de 15 horas seguidas”.

Asimismo, consideran que se desatendieron los “riesgos a los que se expone a los trabajadores”, pues “es incuestionable que el servicio público penitenciario está en grave peligro cuan do se asumen jornadas de 24 horas indefinidamente, y ello afecta al ámbito interno de la Institución , a los agentes externos, y a la sociedad en general”.

Del mismo modo, consideran que hubo un “abuso de superioridad” hacia los funcionarios en prácticas. Este personal, una vez finalicen su estancia, necesitan un certificado que los califique como aptos, para poder tomar posesión como funcionarios de carrera. Sin embargo, consideran que obligarles a realizar este tipo de jornadas, “evidencia el grave abuso de superioridad que se ejerce sobre estos funcionarios que aún no han sido declarados aptos o simplemente no han superado su periodo de prueba”.

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