Centro Penitenciario de Albolote

La seguridad en la cárcel, "en riesgo" ante la oleada de bajas médicas de funcionarios

  • 60 trabajadores se han ausentado durante las últimas 48 hora, una carencia suplida con personal en prácticas y turnos ininterrumpidos de 24 horas

  • La Junta de Personal de Instituciones Penitenciarias de Granada ha denunciado la situación ante la Subdelegación

Entrada principal al Centro Penitenciario de Albolote

Entrada principal al Centro Penitenciario de Albolote / G. H.

La Junta de Personal de las Instituciones Penitenciarias de Granada ha denunciado ante la Subdelegación del Gobierno en Granada que los funcionarios de prisiones se exponen a “una situación de riesgo”, tanto para “su propia seguridad como la de los internos y el establecimiento penitenciario”. Todo ello se ha producido a raíz de que 60 funcionarios de la cárcel de Albolote se hayan dado de baja médica en aproximadamente 48 horas, lo que ha desembocado en que trabajadores en prácticas suplan la ausencia de personal; una veintena de funcionarios hagan servicios ininterrumpidos de 24 horas; y haya un clima de "hartazgo" e indignación colectiva en todo el sector penitenciario por la "política de recortes y la falta de negociación" por parte del Gobierno.

En el escrito que ayer se remitió a la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, la Junta de Personal denuncia la situación actual de la cárcel en la que “los servicios se están soportando por funcionarios/as en prácticas”, un hecho que “contraviene la normativa en materia de formación”. Según exponen, “por su inexperiencia pueden estar en riesgo tanto su propia seguridad como la de los internos y el Establecimiento”.

Asimismo, en el escrito manifiestan que “tanto el personal de carrera como el de prácticas está siendo sometido a turnos ininterrumpidos de 24 horas, lo que contraviene la circular sobre jornadas y horarios que rige nuestro funcionamiento”. Por ello, advierten que “la asunción de cargas de trabajo excesivas, junto a la real situación de riesgo a la que están siendo sometidos está generando un aumento inadmisible de los riesgos psicosociales a cada una de las personas afectadas”. Por ello, ponen estos hechos en conocimiento de la Subdelegación a la que piden una “toma de decisiones” al respecto.

El pasado noviembre, los funcionarios de prisiones protagonizaron seis jornadas de huelga que en Granada contaron con un seguimiento del 95% de la plantilla y desembocaron en la concentración frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno en Granada de un centenar de trabajadores. Tras ella, dieron un plazo de 72 horas al Gobierno para sentarse a negociar. De no producirse, anunciaron nuevas medidas de protesta para denunciar su situación.

La reunión llegó una semana más tarde, sin embargo, la respuesta fue que no habría negociación. “No hay posibilidad de incremento retributivo alguno. El marco legal es el acuerdo de subida para la AGE en los tres próximos años”, expuso el secretario general de Instituciones Penitenciarias, unas declaraciones recogidas en el comunicado que enviaron tras el encuentro.

Esta respuesta fue tildada como “absoluta responsabilidad del Ministerio del Interior, otra mentira más por parte del Gobierno socialista y una provocación ante la situación de conflicto laboral” en la institución penitenciaria, por lo que se promovió una marcha en Madrid que concentró a más de 8.000 personas de todos los puntos de España, entre ellos de Granada.

En concreto, en la provincia granadina, de los 540 trabajadores –tanto personal laboral como funcionarios– repartidos entre el Centro Penitenciario de Albolote y el CIS Matilde Cantos, faltan 84 funcionarios en plantilla para puestos de vigilancia. Lo que supone una ratio de un trabajador de 55 años de media por cada 120 internos.

A esta falta de personal, hay que sumar el agravio salarial de los funcionarios de Granada –perjuicio que también sufren en otras provincias españolas– respecto a comunidades como el País Vasco donde, según denuncian desde la plataforma sindical de Albolote –formada por CSIF, CCOO, UGT y Acaip–, cobran 400 euros más pese a tener menor ratio de internos por cada funcionario.

La situación ha llegado a tal extremo que los trabajadores debido a los “años de carga de trabajo acumulado que les han ido erosionando” y han hecho que haya quienes “no estén al 100% de sus facultades”. Por este motivo, dado al nivel de “hartazgo” del personal, según han denunciado desde la plataforma sindical, los propios profesionales han tomado la decisión de acudir a los centros de salud lo que se ha traducido en que gran cantidad de los trabajadores hayan obtenido la baja médica.

De este modo, en menos de 48 horas 60 funcionarios se han ausentado del trabajo por motivos médicos, lo que ha propiciado un desajuste de horarios y turnos. Para tratar de dar respuesta a esta 'crisis' de personal, desde la dirección de la prisión de Albolote se ha decidido doblar turnos de funcionarios –una veintena han estado trabajando de seguido durante 24 horas– e incorporar a personal en prácticas.

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