En julio de 2019 el paciente de una clínica de salud privada de Albolote se negó a sentarse para esperar su turno porque la dolorosa hemorroide que padecía le impedía permanecer en el banco. Por este motivo no fue atendido y dos días después se dirigió al centro para poner una reclamación. Pero la queja acabó en una agresión por parte del gerente del negocio, E. R. R., que ahora se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 2 años y medio de prisión por los acontecimientos de aquel día.

Según el relato del escrito de acusación de la Fiscalía, que pide al Juzgado la apertura de juicio oral, el gerente de la clínica agredió al paciente y le produjo daños físicos considerables. 

En el parte médico constan magulladuras diversas en cara, brazos y extremidades inferiores, tumefacción de partes blandas craneales frontales izquierda, dolor en piernas y traumatismo, foco de edema óseo en cara anterior de meseta tibial externa y trastorno por estrés postraumático (lesiones que tardaron en curar 90 días y que supusieron pérdida temporal de calidad de vida moderada; requiriendo para su sanidad además de una primera asistencia facultativa de tratamiento rehabilitador de carácter paliativo -habiendo recibido 54 sesiones de tratamiento para el edema óseo de la rodilla sin que se haya resuelto- y dejando como secuela funcional estrés postraumático en grado moderado y perjuicio estético ligero).

El denunciante, en declaraciones a este medio, ha explicado que salió del centro y realizó una llamada a la Guardia Civil. Tras ello volvió a entrar en la clínica a esperar a los agentes y el supuesto agresor, sin mediar palabra le habría golpeado con un casco de moto hasta que se desprendieron algunas de sus partes, para luego agredirle con las manos, momento en el que habrían aparecido las fuerzas de seguridad para detener la agresión. 

El denunciante no comprende el origen de la agresión, puesto que considera desproporcionado “por presentar una reclamación”. El denunciante hace referencia a la secuelas físicas por la cuales “mi rodilla ha quedado dañada para toda la vida y aún tengo secuelas estéticas en la cara”, así como las secuelas psicológicas debido a que “revivo el momento constantemente y no puedo hacer vida normal, no salgo a la calle por miedo a cruzarme con él o algún familiar”. “Tan sólo quiero que esto acabe ya y poder marcharme del pueblo, es una pesadilla constante”, relata.

La Fiscalía acusa al supuesto agresor de un delito de lesiones previsto y penado en el artículo 147.1 del Código Penal y pide 2 años y 6 meses de prisión, además de su inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una orden de alejamiento a 150 metros, asó como la prohibición de comunicación con la víctima por 3 años y 6 meses.

El escrito del Ministerio Público también incluye una indemnización económica para la víctima, que cifra en 5.400 euros por las lesiones, 4.740 euros por secuelas, además de 230 euros por daños sufridos (unas gafas y un sombrero que el denunciante portaba en el momento de la agresión). 

Además, el letrado del denunciante ha reclamado al juzgado desestimar la aportación de testigos aportada por la clínica debido a que la defensa ha encontrado pruebas de que la mayoría de nombres aportados no existían, eran menores de edad que no conocían el suceso o directamente sus datos de contacto eran inexistentes, según consta en el escrito remitido al juzgado al que ha tenido acceso este periódico.