El Gobierno hace oficial un día después el retraso de la elección de la sede para la Agencia Estatal de Salud a la que aspira Granada

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la orden que oficializa el retraso de la elección de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), a la que aspira Granada, hasta el 18 de agosto y deja sin efecto la tramitación de urgencia prevista inicialmente para este procedimiento, el cual determinaba en un inicio que todos los plazos quedaran reducidos a la mitad, salvo el plazo de presentación de candidaturas.

El Consejo de Ministros debía decidir ayer la ciudad que acogería la Agencia, pero finalmente no se tomó esta decisión, que finalmente será tomada dentro de seis meses. Un aplazamiento que nunca se comunicó de forma oficial hasta 24 horas después, que ha sido publicado en el BOE.

La urgencia se justificó por "razones de interés para la salud pública", sin embargo, tras analizar las ocho candidaturas, "se desprende que la mayoría de los edificios propuestos requieren obras de calado con plazos de finalización de hasta cinco años". Incluso en aquellos casos donde "se ofrecen sedes provisionales, la necesidad de realizar adecuaciones técnicas impide un uso instantáneo de las mismas", añade.

En este escenario, afirman que "los plazos de evaluación actuales no garantizan la operatividad temprana de la Agencia, resultando en una medida ineficaz para alcanzar el fin de celeridad que se pretendía asegurar". Así, el BOE afirma que las candidaturas recibidas presentan elementos que exigen "una valoración más detallada".

Además de Granada, entre las ocho candidatas para acoger esta sede se encuentra Toledo, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo. Todas ellas presentaron sus candidaturas antes del 20 de enero y ayer debían saber cuál sería la agraciada, pero finalmente será en verano cuando se sepa donde se establecerá la AESP, que hasta entonces operará en la sede del Ministerio de Sanidad.

La AESP, cuya creación fue aprobada el pasado julio por el Congreso de los Diputados, busca reforzar las capacidades del Estado para responder ante futuras emergencias sanitarias, así como trabajar en vigilancia en salud pública, en asesoramiento y evaluación, en salud pública internacional y en información y comunicación de riesgos para la salud.