Granada tendrá una oficina de apoyo ante la okupación ilegal de viviendas

Se trata de un convenio entre el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados para poner en marcha este nuevo servicio de asesoramiento jurídico gratuito a propietarios

La Policía desaloja el edificio de la calle Azacayas de Granada dos meses después de finalizar el plazo acordado entre okupas y propietarios

Imagen del desalojo del edificio ocupado en la calle Azacayas / JESÚS JIMÉNEZ / GPMEDIA

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Granada (Icagr) para la puesta en marcha de la Oficina de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas (OV), un nuevo servicio de asesoramiento jurídico gratuito dirigido a propietarios cuyas viviendas puedan verse afectadas por ocupaciones ilegales en el término municipal de Granada. Esta se activará tras el verano, en el mes de septiembre.

El nuevo servicio ofrecerá orientación legal personalizada a través de citas semanales, atendidas por letrados especializados designados por el Colegio de Abogados. Estas sesiones se realizarán en la sede colegial de la calle Cárcel Alta, y se podrán solicitar a través de una plataforma digital común habilitada tanto por el Icagr como por el Ayuntamiento. El convenio contempla una subvención directa de hasta 9.000 euros en 2025 destinada a sufragar el coste del servicio.

El portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, ha destacado que este convenio “responde a una necesidad urgente que nos han trasladado numerosos vecinos que se sienten indefensos ante la ocupación de sus propiedades”. “Se trata de un problema que va más allá de la propiedad privada. Afecta a la convivencia, a la seguridad y al bienestar de las familias. Por eso, como administración pública, tenemos la responsabilidad de ofrecer herramientas eficaces y accesibles que den respuestas claras desde la legalidad”, ha afirmado.

“Esta oficina va a permitir que cualquier persona afectada por una ocupación ilegal pueda saber qué pasos dar, qué derechos tiene, cómo actuar con seguridad jurídica y qué mecanismos existen para recuperar su vivienda sin verse abocada a la indefensión”, ha subrayado el edil. Además, ha insistido en el carácter social del convenio, “queremos estar al lado de quienes se sienten desprotegidos y de los barrios que sufren los efectos de estas ocupaciones no solo en lo material, sino también en su día a día. Defender la propiedad también es defender la convivencia”.

Saavedra ha agradecido especialmente la implicación del Colegio de Abogados en esta iniciativa y ha asegurado que “contar con el respaldo de una institución como el Icagr nos garantiza que el servicio se prestará con el máximo rigor, confidencialidad y profesionalidad. Esta colaboración refuerza la confianza ciudadana en las instituciones”.

Petición de medidas al Gobierno

Jorge Saavedra ha recordado que, “en paralelo, debemos reclamar medidas al Gobierno central para la protección de los propietarios, que no se encuentren desamparados en caso de ocupación”, y ha añadido que “al margen de trabajar dentro de nuestras competencias por garantizar la seguridad jurídica de los granadinos, vamos a seguir reclamando al Ejecutivo que combata la ocupación ilegal”.

Igualmente, el portavoz ha reseñado que “desde el Ayuntamiento de Granada ya hemos lanzado una guía de actuación y asesoramiento para prevenir la ocupación ilegal de viviendas”, y ha subrayado que “en nuestro compromiso con los granadinos y las familias por garantizar la seguridad y la convivencia”.

Asimismo, Saavedra ha expuesto que “es fundamental que los ciudadanos conozcan sus derechos y sepan cómo actuar ante una situación de este tipo, destacando la importancia de llamar al 092, a nuestra Policía Local, de forma inmediata”.

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