Granada hará "todo lo posible" para que cumplir sentencia del pabellón Mulhacén no cueste "un disgusto"

El cumplimiento de la sentencia del TSJA sobre las zonas de restauración junto al pabellón Mulhacén, declaradas ilegales por sentencia, ha sido de nuevo punto de debate entre el PSOE y el PP en el Ayuntamiento de Granada. Mientras los socialistas han exigido al equipo de Gobienro "transparencia" en las decisiones que se tomen para ejecutar la misma y su modo, los populares han garantizado que están trabajando en cómo ejecutarla a nivel técnico. Y el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, ha sido claro: "Vamos a hacer todo lo posible para que no cueste dinero" a la ciudad. "Estamos echando el resto porque es un expediente complejo, judicializado una parte en vía penal, y si no se hace bien nos puede costar un disgusto para todos", ha dicho Catalina este lunes en comisión de Urbanismo.

El PP ha respondido a las preguntas del PSOE sobre qué se está haciendo para el cumplimiento de la sentencia y cuál es la opción decidida por el equipo de Gobierno que están a la espera de un informe externo que, como publicó este periódico, diga la opción más viable y menos grabosa para el Ayuntamiento. Y esa sería la vía de la legalización, en la que se ha movido desde el inicio Urbanismo para evitar indemnizaciones millonarias en caso de demoliciones.

El Grupo Municipal Socialista ha elevado el tono de su denuncia contra el equipo de gobierno de Carazo, exigiendo explicaciones inmediatas y transparencia ante el “silencio y oscurantismo” que rodea la aplicación de la sentencia, que anula un estudio de detalle que, según el PSOE, fue una “artimaña” del Partido Popular para fraccionar una parcela de uso exclusivamente deportivo y darle otros usos, generando una serie de irregularidades que ahora “pueden tener unas consecuencias demoledoras para la economía de la ciudad”.

Calvo ha apuntado en atención a los medios que la sentencia se suma a un historial de “líos urbanísticos del PP” que han costado a los granadinos más de 30 millones de euros en condenas judiciales. La preocupación radica en las “demoledoras consecuencias” que esta nueva resolución podría tener para la economía municipal, ya que la anulación del estudio de detalle implica que toda la zona de ocio anexa al pabellón deportivo es ilegal, ha señalado.