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El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo internacional responsable de atribuir y vigilar la condición de Patrimonio Mundial de la Unesco, rechaza el proyecto presentado para instalar placas fotovoltaicas en la zona de El Fargue e insta a paralizar la iniciativa. Según el informe del organismo remitido al Ayuntamiento de Granada, las actuaciones suponen un "altísimo riesgo de impacto negativo" sobre la Alhambra, el Generalife y el Albaicín, enclaves Patrimonio Mundial. También se advierte de la posible afección en el Valle del Darro, otro paraje protegido.
El documento elaborado por el Comité Nacional Español de Icomos critica además a las "autoridades" nacionales, tanto a nivel nacional como regional y local. "Deben ser mucho más vigilantes y cuidadosas que en la actualidad cuando una actuación pueda representar un impacto negativo sobre un bien patrimonial", insta el ente.
Icomos recuerda además que deben seguirse "estrictamente" los protocolos que marca la norma y que, en el caso concreto de la instalación de placas fotovoltaicas, debe de tenerse en cuenta el equilibrio "medioambiental y paisajístico".
El informe del organismo internacional desgrana uno de los tres proyectos previstos en El Fargue, en concreto el de San Gregorio I. Los otros dos se denominan Stadium Plus I y Soto Oscuro I, todos ellos desarrollados por la comercial Bobery Lane Estate SL. Las iniciativas tienen en contra partidos políticos, grupos ecologistas y movimientos vecinales, que alertan del impacto que los proyectos tendrán en la zona, especialmente sensible por su proximidad al Valle del Darro, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y Alhambra y Albaicín, Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Los responsables del proyecto, por su parte, aseguran que la instalación afectará en lo "mínimo" a la zona y que se desarrollarán "medidas correctoras", tal y como especificaban las resoluciones favorables emitidas por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y la de Industria. Queda por conocer el contenido del informe de Cultura sobre la afectación en la zona.
El informe de Icomos tiene como objetivo, a su vez, "valorar las afecciones" que podría provocar la instalación fotovoltaica San Gregorio I y la infraestructura de evacuación sobre el bien Patrimonio Mundial en la categoría de Paisaje Cultural Alhambra, Generalife y Albaicín y, también, sobre el BIC del Valle del Darro.
Este documento es respuesta a una "alerta patrimonial" impulsada desde distintos colectivos que se han dirigido a Icomos. La documentación aportada por estas entidades, entre ellas el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada es la "base informativa" para el texto que pone serios reparos a la iniciativa.
Se señala, entre otros puntos, que "no se ha producido" una "participación real" de partes interesadas y comunidades locales en el proyecto, al desatenderse las peticiones de vecinos, asociaciones y entidades que se han pronunciado sobre el proyecto de placas y la línea de evacuación. "El proceso debiera haber sido muy diferente", reflexiona el texto.
Además, se advierte de que el proyecto de San Gregorio I -del que se alerta que además del impacto visual puede suponer una alteración en el territorio- cuenta con otras dos iniciativas anexas, lo que, a juicio de Icomos, apunta a que se ha troceado un plan de mayor envergadura para "evitar un proceso" de declaración de impacto ambiental. Señala el documento que el hecho de numerar las plantas con números romanos "hace suponer" que la intención es instalar más paneles.
Otro de los aspectos en los que hace hincapié el documento es que "no se ha producido" notificación a la Unesco de estudios sobre lo previsto en El Fargue.
Tras apuntar todas estas consideraciones, desde el Icomos se lanzan una serie de recomendaciones que también incluyen crítica a cómo se ha desarrollado el proyecto. Así, se señala que la evaluación de impacto ambiental "debe iniciarse desde el mismo instante" en el que se prevea que se pueda afectar a un paraje con calificación de Patrimonio Mundial. "Cualquier decisión debe ser considerada con carácter previo", advierte el organismo, que incide en que el análisis del impacto debe tener en cuenta los bienes catalogados como este marchamo como "elementos sensibles y valiosos. Regla que, en este caso, no se ha respetado".
Se recomienda además que la participación ciudadana tenga un "carácter real, hecho que, en base a la documentación aportada, no se ha producido". En el caso de que se quiera "seguir adelante", Icomos insta a utilizar las directrices editadas por la Unesco en cuanto a impacto sobre Patrimonio Mundial y la guía elaborada para instalar equipamientos de renovables.
La petición más severa llega cuando se pide "encarecidamente" que se paralice el proyecto "dado el serio peligro de afección respecto a los valores de autenticidad e integridad" que tienen Alhambra, Generalife y Albaicín como valor universal excepcional (VUE).
Al hilo de esta recomendación Icomos hace un llamamiento a las Administraciones para que sean "más vigilantes y cuidadosas" cuando se den situaciones de este tipo". En este sentido, señala que "este caso es la prueba inequívoca del insuficiente plan de gestión de un sitio en relación, al menos, con el urbanismo y ordenación del territorio".
La Alhambra y el Generalife fueron incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en 1984 por su innegable valor. Diez años después la declaración se extendió al Albaicín. En 2024 el Consejo de Gobierno de la Junta declaró Bien de Interés Cultural (BIC) al Valle del Darro, un paraje que se extiende por los municipios de Beas, Granada y Huétor Santillán.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, que presentó alegaciones ante la Junta para que se denegase la declaración de utilidad pública al proyecto de El Fargue, indicó, a través del concejal Juanjo Ibáñez, que el informe de Icomos "viene a confirmar lo que sospechábamos, que la instalación iba a tener una afección negativa" sobre el entorno y "directa" sobre la Alhambra, Generalife y Albaicín, además del Valle del Darro.
En este sentido, Ibáñez criticó la "opacidad" del equipo de gobierno el Ayuntamiento de la capital (PP). "Lo que exigimos es que haga lo que debió de haber hecho hace mucho tiempo y paralizar una idea loca. Estamos a favor de las energías renovables, pero no así". "Nos parece grave -apuntó Ibáñez sobre el contenido del informe de Icomos- que ni Junta ni Ayuntamiento hayan alertado a los organismos internacionales que se encargan de velar por el patrimonio. Les ha dado exactamente igual y solo han reaccionado cuando los vecinos y vecinas, el Grupo Municipal Socialista y grupos ecologistas han empezado a moverse".
El Comité Nacional Español de Icomos cuenta con una Guía de buenas prácticas para la instalación de infraestructuras y equipamientos relacionados con las energías renovables y cómo pueden llegar a afectar al patrimonio cultural. El documento expone varios casos prácticos, como la instalación de palas eólicas en un radio de 30 kilómetros alrededor a la colina de Vézelay en Francia o a 25 kilómetros del yacimiento neolítico en Orkney, Gran Bretaña.
Sobre la instalación de plantas fotovoltaicas, el documento especifica que “además de la ocupación de grandes extensiones de territorio” por la colocación de las placas, es necesaria una “estructura y de una red de distribución y transformación que producen un impacto sobre el territorio de mucha mayor envergadura que el del mero emplazamiento de la agrupación de placas”.
“En gran parte de los casos, los beneficios generados por la industria de las renovables no recaen sobre la comunidad local”, advierte el organismo, que apunta además a que “los puestos de trabajo generados para el mantenimiento de estas son muy escasos, por lo que no se contribuye de manera efectiva a mantener el empleo y la población en estas zonas tan sensibles”.
Sobre los trámites a seguir antes de una instalación de estas características, desde Icomos se insta a que, aunque no sea necesaria una evaluación de impacto ambiental (EIA) el estudio de integración paisajística (EIP) es clave. Este trámite se estima “obligatorio” en el caso de bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco y “recomendable” para los que tengan declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).
La Junta prepara la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que corresponde a la Consejería de Fomento de la granadina Rocío Díaz. El texto, según adelantó el consejero de Industria, Jorge Paradela, incluirá “porcentajes máximos de ocupación de superficie municipal” y también establecerá unos “criterios de distancia mínima a núcleos urbanos y a espacios protegidos".
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