Granada

Los más de 4.000 inmigrantes en paro, en riesgo de caer en situación irregular

  • La crisis en la construcción se ceba con la población extranjera · Para renovar la tarjeta de residencia es necesario acreditar seis meses de trabajo y un contrato en vigor

La situación inestable que padece la economía española y granadina puede tener efectos secundarios más perjudiciales que el mero hecho de quedarse en paro para los más de 4.300 inmigrantes que, según la Junta de Andalucía, están desempleados en Granada. Especialmente en el sector de la construcción, en el que más mano de obra extranjera se usa junto al sector servicios.

Porque son esos dos sectores los que están arrojando las peores cifras de desempleo durante los últimos meses. Según los datos del Servicio Andaluz de Empleo, el número de extranjeros que constaban como demandantes de empleo en diciembre de 2007 ascendía a 4.379 personas, de las que 2.938 estaban efectivamente en paro. Respecto al mes anterior, la situación representaba un ligero descenso del 0,68 por ciento. Pero la comparación con diciembre de 2006 arroja que el incremento interanual de demandantes de empleo fue del 40,08 por ciento. Un dato más: el número de contratos a personas extranjeras de los que el SAE tenga conocimiento descendieron un 6,21 por ciento durante diciembre de 2007 respecto al mes anterior, aunque creció un 24 por ciento en el último año.

De los demandantes de empleo, la mayoría, 882 personas, no habían tenido un trabajo previo, mientras que 777 personas habían trabajado en la construcción y 619 en la hostelería. En cuarta posición, estarían los 593 extranjeros procedentes de actividades inmobiliarias y de alquiler, precediendo a los 494 demandantes que habían tenido un empleo previo en agricultura, ganadería y caza.

El problema viene derivado que para renovar la tarjeta de residencia es necesario acreditar seis meses de trabajo previo y tener un contrato laboral. "En este caso, la tarjeta se renueva automáticamente", explicó el asesor especialista en inmigración Vicente Marín. En el caso de que no haya un contrato de trabajo en vigor, debe constar una oferta de trabajo.

"Lo complicado -asegura Marín- es cuando no se cumple el primer requisito". Si se han trabajado sólo tres meses hay que justificar "que se ha buscado empleo y por qué el empresario que contrató no ha mantenido el puesto seis meses". Si no se cumplen los requisitos, el extranjero pasa a estar en situación de irregularidad.

El asesor defiende que "no se está notando que haya complicaciones, hay muy pocos extranjeros con los que trabajemos que están en paro". Sin embargo, reconoce que, últimamente, las autorizaciones de trabajo iniciales en el caso de inmigrantes masculinos "son para el sector de la construcción" mientras que para las mujeres "es el servicio doméstico".

"Si se comprueba el bajón de la construcción, se notará en las renovaciones", aseguró Marín. Los trabajadores inmigrantes no podrán certificar seis meses de trabajo previos según el reglamento de extranjería y no podrán aportar un contrato en el sector. De hecho, según los datos del Observatorio de Empleo del SAE, el 21,35 por ciento de los demandantes de un puesto de trabajo solicitaron una ocupación relativa a la construcción. O bien peones, en obras estructurales o en acabado. Es más, el segundo grupo según la ocupación que demandan es el de empleados domésticos y el de trabajadores de servicios de restauración.

Además, no hay que olvidar que gran número de los contratos que las empresas firman con trabajadores inmigrantes no son estables. En diciembre del año pasado se firmaron en la provincia, según los datos del Sistema de prospección permanente del mercado de trabajo de Andalucía, 3.503 contratos realizados a personas extranjeras. El 96,1 por ciento tuvieron carácter temporal sin especificar el tiempo de contratación. El 3,9 por ciento restante fueron contratos de carácter indefinido, 82 firmados por hombres y 55, por mujeres. El 61,8 por ciento de esos contratos fueron firmados por personas entre 25 y 44 años, según el organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

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