El juez del caso TG7 ha ordenado ampliar la investigación de este asunto durante un año más, dado que aún tiene pendientes numerosas diligencias ordenadas para esclarecer los posibles delitos en la gestión de la televisión municipal durante el gobierno de José Torres Hurtado.

En la causa, donde están investigados el concejal del PP Juan Antonio fuentes (antiguo responsable de la televisión), la exdirectora de la emisora municipal y el empresario Raúl Berdonés, se investiga un posible trato de favor a la mercantil que tenía el contrato de grabación de programas.

Una de esas diligencias pendientes es precisamente la declaración de Berdonés en calidad de imputado, que fue citado por el juez hace unos meses, a la luz de los primeros datos llegados al juzgado sobre los supuestos gastos extra repercutidos a las arcas municipales.

También está pendiente el análisis de los correos corporativos de la antigua directora de la televisión y varios informes económicos encargados por el juez sobre las cuentas de la empresa.

Esta medida adoptadas por el juez de Instrucción 6 de granada permite la ampliación del plazo ordinario de seis meses de investigación que establece la ley, un límite que ha propiciado archivos precipitados como el polémico caso Colina Roja.

El agujero económico de casi un millón de euros que, según la Fiscalía, habría sufrido el Ayuntamiento de Granada por los gastos extraordinarios de la televisión municipal entre los años 2013 y 2015, seguirá su recorrido judicial durante el próximo año.

El juez que investiga las posibles responsabilidades penales de aquella gestión ordenó hace unos meses una batería de nuevas diligencias e incorporó al caso a un nuevo investigado, Raúl Berdonés, que es el empresario que entonces tenía el contrato de servicios de TG7, adjudicado por el gobierno local del Partido Popular.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Francisco Javier Zurita Millán, dio así un impulso el año pasado a la investigación sobre TG7, abierta por una denuncia de la Fiscalía (que a su vez recibió información del grupo municipal Vamos Granada).

Además de la citación pendiente de Berdonés, el magistrado también ordenó en octubre la declaración de otros testigos y la elaboración de una auditoría económica sobre las cuentas de la empresa (CBM SL) que tenía el contrato de servicios de grabación de programas para la televisión municipal.

También está por conocerse el informe del perito judicial sobre las cuentas relacionadas con cada uno de los contratos firmados entre el empresario y el gobierno local del PP.

Dado que lo que se investiga es la legalidad de los gastos extraordinarios supuestamente generados, el juez pidió al experto que diferencie cuáles serían los apuntes contables del contrato ordinario que la empresa tenía con el Ayuntamiento y cuáles corresponderían a los "imprevistos" alegados por los investigados. El instructor especifica que se indique si hay "duplicidad" en los gastos.

Por otra parte, el juez también hizo nuevos requerimientos al Ayuntamiento de Granada para que entregara los contratos firmados con la empresa CBM (de Raúl Berdonés), las mejoras acordadas después, el pliego de condiciones acreditado por la Secretaría General y cualquier documento que haya en el "archivo municipal" en el que aparezca el encargo de esos servicios extraordinarios que llegaron a sumar 864.121 euros.

Desde que el juez Zurita Millán abrió estas diligencias, ha tomado declaración a los que hasta ahora eran los únicos investigados de caso: la exdirectora de TG7, Cristina García, y el concejal Juan Antonio Fuentes (que durante aquellos años era el responsable de la televisión municipal).

También llamó después a declarar a otros testigos, como los responsables de las empresas que habrían pagado parte de esos gastos extraordinarios (Emasagra o Inagra) y a funcionarios municipales con cargos de responsabilidad en aquel momento.