Los interinos del Ayuntamiento de Granada, unos 250 trabajadores, que suponen un 20% de la plantilla municipal, se van a concentrar mañana para exigir al equipo de gobierno y al concejal de Recursos Humanos, Francisco Fuentes, que frene la ejecución de la oferta de empleo del 2017 y el 2018, que la capital quiere poner en marcha a pesar del informe en contra de la abogada general en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La concentración será a las 12:30 horas en la Plaza del Carmen.

Los interinos municipales se unen así a la polémica suscitada en las últimas semanas en torno al abuso del empleo temporal por parte de la Administración Pública y piden la paralización de todas las convocatorias de oferta de empleo público del Ayuntamiento que afecte a plazas ocupadas por interinos. 

Según el Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Granada (SITAJ), el informe que recoge las conclusiones de la abogada general ante el TJUE en los casos acumulados que tratan sobre el fraude en el empleo público en España establece claramente que los procesos selectivos de estabilización de empleo público puestos en marcha en España no constituyen bajo ningún concepto sanción para el Estado por el incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE ni tampoco, por tanto, son la solución al problema del fraude en el empleo público en España (ya declarado en 2014 por el TJUE).

Las ofertas de empleo público de los años 2017 y 2018 del Ayuntamiento de Granada se enmarcan dentro de estos procesos de estabilización de empleo público.

"Dado que la Concejalía de Personal, encabezada por el concejal del Partido Popular, Francisco Fuentes, ha comunicado verbalmente a este sindicato su intención de poner en marcha la ejecución de la oferta del 2017, a pesar del informe de la abogada general en el TJUE, y que aún queda por conocer el fallo definitivo del TJUE, SITAG ha convocado esta concentración para exigir al equipo de gobierno que anule ambas ofertas para esperar al fallo del TJUE y ver cómo se desarrollan los acontecimientos en España tras el mismo", explican desde el sindicato.

Para Sitag, seguir adelante con estas ofertas "no sería sino una irresponsabilidad política que podría causar un grave perjuicio a la ya mermada economía municipal". "Y ello es así porque tal como establece en su informe la abogada general ante el TJUE los actuales trabajadores que ocupan las plazas ofertadas, caso de no hacerse con ellas en los procesos selectivos, deberán ser indemnizados y no sólo con la indemnización que contempla el Estatuto de los Trabajadores, sino con una indemnización más amplia que debe comprender otros conceptos como daños y perjuicios".

El sindicato Sitag dice que poner en marcha estas OEP sería un ERE encubierto

Solamente con la indemnización contemplada en el Estatuto de los trabajadores, a fecha de 2017 esto supondría según un estudio económico realizado por Sitag que presentó en 2017 a todos los grupos políticos municipales, un desembolso de 5,1 millones de euros. A esto hay que sumarle 2 años más y los nuevos conceptos que añade la abogada general en su informe ante el TJUE.

"De esto han sido advertidos los responsables políticos de la Concejalía de personal en días pasados, en escrito presentado por registro, en el que además les comunicamos que de seguir adelante con la intención de ejecutar estas ofertas este sindicato tomaría medidas legales directamente contra dichos responsables, por prevaricación y perjuicios económicos graves a la economía municipal", aseguran.

Las plazas ofertadas en las OEP de 2017 y de 2018 actualmente están ocupadas por trabajadores que llevan desempeñando sus funciones en el Ayuntamiento de Granada en algunos casos 22 años, siendo la media unos 12 años. Muchos han pasado por varias novaciones de contratos agravando el ya mencionado fraude de ley. Efectivamente, la normativa española establece que la creación de una plaza y su cobertura mediante un trabajador interino debe ser ofertada como máximo a los tres años de su creación. Esto en este Ayuntamiento se ha incumplido con creces.

"Hoy día, estas ofertas no constituyen creación de empleo público ya que estas plazas están creadas, dotadas presupuestariamente y ocupadas por trabajadores interinos desde hace muchos años, en algunos casos, 20", han asegurado. "Son simplemente el intento de sustituir a unos trabajadores por otros, por lo que de facto se trata de un auténtico ERE encubierto".

El Sitag dice que en el año 2018 el equipo de gobierno de Paco Cuenca, atendiendo a este sindicato, ya anuló las ofertas de empleo de los años 2015 y 2016 para esperar a que se aclarase judicialmente en Europa y a posteriori en España, toda esta situación del fraude del empleo público en España. "Curiosamente, es de destacar como en su día el PP, entonces en la oposición, calificó el intento del anterior equipo de gobierno de ejecutar las ofertas de 2015 y 2016 como un ERE encubierto".