El interventor del Ayuntamiento de Granada ha emitido un informe de alerta de morosidad, que pasará este viernes por Junta de Gobierno Local, en el que, respondiendo a las obligaciones del Plan de Ajuste, advierte del incumplimiento del Periodo Medio de Pago a proveedores del Ayuntamiento en los últimos dos meses y por tanto pide agilizar los procedimientos para abonar las facturas. 

Este comunicado de morosidad indica que en mayo el Periodo Medio de Pago se quedó en 70,18 días, una cifra que va subiendo ya que en febrero estaba en más de 60. Según el informe, al que ha tenido acceso este periódico, el interventor advierte de que en abril era de 62,5 días y en mayo, de 70,18. Como quiera que se dan dos meses superando el objetivo de 30 días al que obliga el Plan de Ajuste, es obligación del interventor emitir este informe y dar cuenta al Gobierno. 

Y en el mismo informe el interventor advierte del motivo de estos retrasos: los procedimientos. Los plazos previstos hacen que, aún habiendo dinero para pagar, se esté haciendo imposible bajar de los 50 días y llegar a esos menos de 30 obligados, por lo que pide "agilizar los procedimientos de conformidad de las facturas y la realización de los pagos". Este motivo lo dan también desde el grupo municipal socialista, en el gobierno esos meses hasta las elecciones de final de mayo, algo que ha impedido bajar más el dato del PMP, según defienden.

No es nuevo que se supere el tope de 30 días fijado en el Plan de Ajuste y se tengan que emitir estos informes. De hecho, en los últimos años no se ha conseguido ni acercarse, lo más bajo ha estado en torno a los 50 días.

Hay dinero pero no se pueden pagar más facturas

"No es comprensible que a la finalización del mes de abril de 2023 el saldo en la Tesorería Municipal (cuentas bancarias y caja) fuera de 21,4 millones de euros, en la Agencia Municipal Tributaria de 5,8 millones y existiera un saldo disponible de operaciones de tesorería (préstamos bancarios a corto plazo) de 24 millones y no se use para reducir la morosidad con los proveedores, cuando el interés por morosidad en operaciones comerciales es del 8%", dice el documento, que tampoco ve comprensible que pase lo mismo en mayo cuando el saldo en Tesorería era de 24,6 millones, en la Agencia Tributaria de 6,6 y existiera un saldo disponible de operaciones de 11,5 millones. 

Discrepancias entre Intervención y Tesorería

Los meses de los que habla el informe todavía la gestión era del anterior equipo de Gobierno del PSOE. Desde el grupo municipal aseguran que ya tenía esta información y que son los procedimientos los que les han impedido bajar más el PMP, algo en lo que estaban comprometidos a tenor de las diferentes medidas económicas que iban aprobando. Según ha detallado el concejal del PSOE Eduardo Castillo, se encontraron con "discrepancias" entre el criterio de Intervención y el de Tesorería que impedían bajar a ese tope. "Nosotros queríamos que se agilizase el pago agilizando el procedimiento como decía Intervención: que habiendo tesorería si no se agilizaba se iba a seguir aumentando el periodo medio de pago".

Aún así, explica los socialistas, bajaron de los 160 días que se encontraron a su llegada al gobierno en junio de 2021 a los 56 días de media del año 2022, una bajada del 60%. "Además, bajamos la deuda en 42 millones de euros de junio de 2021 a marzo de 2023", señala el concejal, que insiste en el problema de procedimiento. También destaca la modificación que se hizo del plan de ajuste para acogerse a la medida del Ministerio de Hacienda de pago a proveedores, que daba a Granada un crédito de 35,5 millones para dejarla a cero aumentando la vigencia del plan hasta 2034. 

El informe del PMP de mayo se ha remitido este 29 de junio al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y señala el documento que ya en el primer trimestre se envió informe y se actualizó el plan de tesorería y estabilidad presupuestaria.  Al haberse dado dos meses superando el PMP fijado de 30 días en la normativa de morosidad, por eso se emite la comunicación, que se ha enviado también a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada.