El juez que investiga los supuestos vertidos de aguas residuales del Centro Penitenciario de Albolote a un barranco y arroyo próximos, Miguel Ángel del Arco, ha citado a declarar como testigos a los autores de los proyectos de implantación y reparación la depuradora de la cárcel, según consta en una providencia dictada el pasado 22 de febrero, a la que ha tenido acceso este diario.

Para las comparecencias de estos nuevos testigos, que son cinco en total, el juzgado que dirige Del Arco, el Juzgado de Instrucción número 6, ha reservado los próximos días 25,26 y 27 de marzo. En concreto, el magistrado quiere escuchar los testimonios de los artífices de los proyectos de implantación de la depuradora en el Centro Penitenciario de Albolote en los años 1995 y 1997, así como interrogar al responsable del proyecto de reparación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del penal en 2003.

Junto a ello, ha requerido abundante documentación a distintos organismos e instituciones, entre ellos, a la compañía Endesa, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y al propio Centro Penitenciario de Albolote.

Entre las peticiones formuladas a la prisión, solicita que entregue "las facturas correspondientes a las retiradas periódicas de lodos de la depuradora de la prisión entre los años 1997 y 2014", esto es, de los últimos 17 años. Asimismo, reclama que "aporte los partes de incidencias acaecidas en la EDAR" en ese mismo período y que hubiesen sido remitidas por los responsables de la prisión a sus superiores en Instituciones Penitenciarias en Madrid. Es más, pide expresamente al actual director del centro penitenciario, Jaime Hernández, y a su administrador, que le remitan, "bien por separado o conjuntamente", las comunicaciones existentes realizadas "a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, Subdirección u otro organismo del Ministerio del Interior" sobre incidencias en la depuradora.También pide a la cárcel otra serie de documentos que igualmente ha requerido a la CHG, como los análisis trimestrales previstos en la autorización provisional de vertido o los certificados anuales expedidos por la empresa colaboradora del Ministerio donde se indique "la situación, funcionamiento y resultados reales de la instalación depuradora de la prisión de Albolote". Del mismo modo, a la CHG reclama documentos relativos al expediente de autorización provisional de vertidos, del año 1996, y del expediente de autorización definitiva, del año 2006.

Todas estas nuevas diligencias -gran parte de ellas propuestas por la acusación popular que ejerce la dueña de una finca aledaña al presidio afectada por las supuestas emisiones contaminantes-, se encargan después de que el juez instructor se haya negado a paralizar la causa mientras la Audiencia Provincial de Granada resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado contra su negativa a archivar el caso.