El caso de las tablets instaladas en los coches patrulla de la Policía Local de Granada ha dado un paso más. El Juzgado de Instrucción 1 de Granada ha ampliado la causa, que ya fue declarada compleja en abril, y ha dado orden a la Guardia Civil de investigar "los hechos relativos a una supuesta falsedad (ITV de Las Gabias)". Esto último consta en un auto fechado el pasado 20 de mayo al que ha tenido acceso Granada Hoy, en el que, además, el juez expone que está pendiente de recibir "el informe de la Inspección Provincial de Trabajo" en relación al presunto delito contra la seguridad en el trabajo que se habría cometido contra los agentes.

Todo ello parte de la denuncia interpuesta por el Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada bSIPLG), que el pasado 27 de febrero fue admitida a trámite por el magistrado Basilio Miguel García, un caso que fue adelantado a principios de abril por Granada Hoy.

Tal y como recoge la querella, entre los meses de febrero y marzo del pasado año "desde la Jefatura de Policía Local de Granada se dio la orden de instalación en el interior de los vehículos patrulla de unas tablets de diez pulgadas", en concreto, en aquellos que son de dos modelos concretos. Sin embargo, en uno de estos "la tablets se fija mediante un marco metálico sujeto con un brazo de metal articulado, el cual sale del interior de la guantera".

Precisamente, según denuncia el SIPLG, podrían suponer un "peligro, ante un eventual accidente de tráfico", pues en caso de activarse "los sistemas de seguridad pasiva, haciendo saltar el airbag, proyectaría las tablets al ocupante, lo que podría ocasionarle graves lesiones".

En abril de 2018, a tenor de ello, el SIPLG solicitó por escrito al jefe de la Policía Local información sobre "si se habían llevado a cabo los pasos reglamentarios" para instalar estos dispositivos, así como su homologación, al considerarse una "reforma de importancia". Es decir, si una vez instalados, los vehículos había pasado la ITV correspondiente tras tal modificación.

La respuesta que recibió el sindicato fue por parte del inspector de Infraestructura de la Policía, en la que manifestó, según el SIPLG, que "todo se ha instalado y homologado conforme ley". Sin embargo, "dada la gravedad del asunto" y que se continuaba sin respuesta por parte del jefe de la Policía Local, pusieron la situación en conocimiento del Comité de Seguridad y Salud en el Ayuntamiento de Granada, que preside Baldomero Oliver.

Pese a que en dicha reunión el representante de la Jefatura de Policía Local de Granada aportó un certificado de la empresa instaladora "donde al parecer, se recoge que no existe riesgo en caso de saltar el airbag y que la instalación se ha realizado conforme a lo legalmente establecido", el SIPLG instó a que se le entregase una copia del mismo, pero se le negó.

Ante ello, "se solicitó permiso a Baldomero Oliver para acudir a una estación de ITV y salid de dudas", siendo el sindicato el que asumiría los gastos económicos. Si bien, de nuevo la petición fue rechazada "manifestando que se darían instrucciones al área de parque móvil para emitir la instrucción que procediera".

El siguiente paso del SIPLG fue contactar con la estación de ITV de Las Gabias, la que había inspeccionando los vehículos, tras lo que pudieron comprobar "cómo se estaban presentando a ITV estos coches", ya que quedaba reflejada en la ficha técnica. Sin embargo, el SIPLG denunció que "no se corresponde con la instalación que realmente se efectuó".

Por este motivo, representantes del sindicato acudieron a citada estación de ITV donde el Subdirector de la misma, tras ver unas fotografías "donde se observa claramente el brazo articulado metálico y la correspondiente tablets, manifestó que esa instalación no se correspondía con la homologación anotada en la Ficha Técnica".

El sindicato denunció que "se ha procedido a intentar dar legalidad a una reforma considerada de importancia (...), sin tener en cuenta la seguridad de los policías, omitiendo la realidad y aportando documentación que no se corresponde con la reforma realizada, con la intención de falsear dicha reforma, presentando los vehículos a ITV suprimiendo todo o parte de la instalación, para una vez pasada favorablemente volver a colocar el dispositivo".

Por todo ello, el juez ha dado orden de que se investiguen "los hechos relativos a una supuesta falsedad (ITV Las Gabias)", mientras espera el informe de la Inspección Provincial de Trabajo en relación al presunto delito contra la seguridad en el trabajo que habría cometido la Policía Local de Granada.