El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada acaba de rechazar un nuevo recurso contra la imposición de la fianza de 2 millones de euros a los investigados por el caso Serrallo. Casi un año después de que la jueza adoptara esta medida en el auto de apertura de juicio oral, el asunto sigue dando vueltas y ahora volverá otra vez a la Audiencia Provincial.

Algunos de los investigados, la exconcejal Isabel Nieto, el técnico Manuel Lorente y otros cargos municipales, recurrieron la decisión de la jueza de abrir piezas de responsabilidad civil para cada uno de ellos y exigirles el pago o la presentación de bienes en el juzgado “sin excusa ni pretexto”.

En aquellas providencias de finales de noviembre pasado, la magistrada María Ángeles Jiménez Muñoz también rechazaba que las fianzas fueran atendidas por la empresa aseguradora del Ayuntamiento de Granada, como pidió el exalcalde José Torres Hurtado y después el resto de investigados que trabajaron o representaron al municipio.

Este asunto de la póliza se ha alargado mucho en el tiempo porque el Juzgado tuvo que ponerse en contacto con la central de la empresa aseguradora (mediante un exhorto a Barcelona) y ésta rechazó al final la cobertura de este tipo de fianzas penales a través de la póliza de responsabilidad civil que tiene contratada el Ayuntamiento de la capital granadina para sus políticos y trabajadores.

A la vista de la situación, la jueza resolvió en noviembre de 2018 volver a requerir la aportación económica o en forma de bienes a los investigados hasta asegurar los 2 millones de euros de fianza impuesta. “Este Juzgado no puede ni debe participar de un debate jurídico, incluso en una cuestión prejudicial previa, sobre el seguro que aportan para garantizar las fianzas de responsabilidad civil correspondientes a los acusados en esta causa”, exponía la magistrada, que decidió entonces continuar con la exigencia de responsabilidad civil personal decretada en el auto de apertura de juicio oral varios meses atrás.

Los investigados presentaron un recurso contra estas providencias idénticas para cada uno de los acusados. Una vez que se ha pronunciado la Fiscalía al respecto (se opone al recurso), la jueza acaba de rechazar también la reclamación y admite que el asunto sea elevado a la Audiencia para que resuelva al respecto.

Este tema de las fianzas ya ha sido recurrido por varias vías sin apenas éxito por parte de los acusados (sólo ha sido excluido el concejal Francisco Ledesma). La propia decisión inicial de la jueza en el auto de apertura de juicio oral de mayo de 2018 fue el principal objeto de controversia, que ha sido resuelto al final, en febrero pasado, por la Audiencia Provincial. Este órgano judicial confirmó la imposición de 2 millones de euros a Nieto y a otros acusados en el caso Serrallo.

Consideró el tribunal de la Sección Primera que “no cabe duda de la existencia de indicios de criminalidad” en el caso de estos acusados, como se desprende de los escritos de acusación, en especial de la Fiscalía, y del auto de apertura de juicio oral dictado por la jueza de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez.

Algunos de los acusados vuelven ahora a llamar a las puertas de la Audiencia por el mismo asunto, aunque esta vez el recurso es contra la providencia donde se rechazó que la fianza fuera abonada mediante una póliza de seguro.

Todo esto ocurre cuando el caso Serrallo en su conjunto ya se encuentra desde hace meses en manos de la misma Audiencia Provincial, que tiene que preparar y fijar la fecha para el juicio oral que le corresponde celebrar a este órgano judicial por la naturaleza de los delitos y las penas.