La jueza que investiga presuntas irregularidades urbanísticas por la construcción de una discoteca y una sala de patinaje en un terreno aledaño al centro comercial Serrallo Plaza, María Ángeles Jiménez, ha ordenado que se investigue la cuenta de liquidación de la Junta de Compensación del proyecto del caso Serrallo. La cuenta de liquidación es un documento que glosa los ingresos y gastos del desarrollo urbanístico de una zona.

Así consta en una de las últimas providencias dictadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital en esta causa penal, entre cuyos investigados -antes llamados imputados- figura la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto (PP). En el documento, fechado el 17 de febrero, la instructora acuerda exactamente mandar un oficio al Grupo de Delitos Económicos y Urbanísticos de Policía Judicial para que investigue "en el plazo de un mes" todo lo relativo "a la documentación presentada por el Ayuntamiento de Granada en relación a las cuentas del sistema de actuación por compensación del sector P2-UE1 [el sector del proyecto investigado], tanto provisionales como definitivas".

Asimismo, quiere la jueza que los investigadores policiales analicen "si dichas cuentas son correctas" y que informen "sobre los aspectos económicos y patrimoniales derivados de esos hechos, implicación en ellos de los investigados, así como de cualquier otra persona que pudiera resultar implicada y responsable".

El encargo de la magistrada se produce a raíz de que la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, solicitase expresamente estas averiguaciones, con el objetivo de determinar si se han producido "posibles perjuicios económicos a la ciudad o al Ayuntamiento", detallaron otras fuentes del caso consultadas por este diario.

Este nuevo paso en la causa tiene lugar después de que el juzgado pidiese también hace unas semanas a la Policía determinar las causas del posible borrado parcial de una prueba clave en el caso: el audio del testimonio prestado en sede judicial por el exdirector general de Urbanismo Jacobo de la Rosa. En concreto, solicitó al Grupo de Delitos Tecnológicos, que aclarase si el borrado se debió a fallos técnicos o a otros motivos. De momento no ha trascendido el resultado de esas pesquisas policiales.

La investigación judicial se abrió en febrero de 2014, después de que el Ministerio Fiscal formulara una denuncia por apreciar "indicios racionales" de una posible prevaricación urbanística o común en la conducta de los cinco altos cargos municipales de Urbanismo que intervinieron en la operación, así como de un posible delito contra la ordenación del territorio por parte del empresario que construyó la discoteca. Entre los técnicos investigados, figura el que fuera en su día número dos del área, Manuel Lorente Sánchez-Palencia. El resto son el director general de Licencias; el arquitecto jefe del Servicio; la actual directora general de Urbanismo; y el coordinador del Área de Urbanismo y Obras. En la causa hay cinco partes acusadoras, entre ellas la promotora del Nevada o el partido político VOX, que está representado en el proceso por el letrado Jorge Fernández Díaz.