Granada

Juicio del Serrallo: La UDEF ratifica que había 2 millones de euros sin "control" del Ayuntamiento

  • El policía que desveló pagos no acreditados a la ciudad confirma sus informes ante el tribunal 

El agente de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que llevó la investigación sobre el supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Granada al promotor que construyó la discoteca del Serrallo ha ratificado hoy, en el juicio de este caso, la conclusión de sus informes. "No había control", respondía el policía a la pregunta de la fiscal sobre la presunta "ausencia de fiscalización de las obligaciones dinerarias" del empresario por parte de los responsables municipales que debían velar por los intereses de la ciudad. 

Los dos informes elaborados en 2016 por esta unidad policial a petición del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada pusieron de relieve un posible agujero económico de unos 2 millones de euros para la ciudad en las operaciones urbanísticas del Serrallo, tanto la del parque público donde se levantó la discoteca como la del plan parcial y las unidades de actuación donde el mismo empresario construyó el Centro Comercial Serrallo Plaza o el hotel cercano. 

El agente que ha ejercido de portavoz del grupo de investigación (por haber llevado los detalles del caso) ha explicado que al comenzar sus indagaciones descubrieron que faltaban documentos importantes para ratificar el cumplimiento de las obligaciones de pago que el promotor privado, Roberto García Arrabal, tenía contraídas con el Ayuntamiento a través de una serie de convenios urbanísticos. A través del Juzgado fueron reclamadas las justificaciones a la Tesorería y a la Intervención del Ayuntamiento, pero la respuesta fue negativa: "Dijeron que no había expediente alguno relativo al convenio".

También, según ha explicado el agente, se verificó que no había ingresos relativos a este plan parcial en las cuentas del Ayuntamiento donde se deben meter todos los abonos relacionados con el patrimonio municipal de suelo, como establece la ley. 

Según ha explicado el policía, las justificaciones llegaron después, a través de un expediente que realizaron los funcionarios ahora acusados, y que "llama la atención" de la unidad de Delincuencia Económica porque "daba la impresión de que era una especie de justificación hecha para hacer ver que se habían cumplido las obligaciones económicas" por parte del promotor, algo que a su juicio le correspondería haber demostrado al empresario frente al propio Ayuntamiento en la cuenta de liquidación definitiva de la junta de compensación. 

La inexistencia de este documento es, para el agente especializado en delitos económicos, la clave del asunto, porque era necesario para que los responsables municipales fiscalizaran y conocieran los detalles sobre las actuaciones urbanísticas y su tasación económica. Aunque en esa junta de compensación sólo había un empresario privado, en estos sistemas de actuación urbanística el Ayuntamiento actúa como "garante" del cumplimiento de la legalidad, además de ser el beneficiario de una serie de contrapartidas estipuladas por convenio.

Las defensas han insistido en que esos compromisos económicos fueron abonados, incluso en exceso, por el promotor mediante la ejecución de obras (un pago en especie), pero el representante de la UDEF ha puesto de relieve que el control que ejerció el Ayuntamiento fue insuficiente, en primer lugar porque los gastos que ocasionaron esas obras tienen que quedar debidamente acreditados en esa cuenta de liquidación y porque esas cantidades quedaron fuera de la órbita de control por los servicios económicos municipales. 

La justificación de que la cuenta estaba debidamente liquidada se hizo en la práctica a través de ese expediente que la UDEF considera tan sospechoso y que se basa en una tabla o cuadrante realizado por el exdirector de Obras, Manuel Lorente (uno de los principales acusados en este caso), donde él mismo valoraba las obras ejecutadas, cuya suma sobrepasaba la obligación económica del empresario en este convenio. El agente ha declarado que este funcionario no es competente para hacer ese tipo de valoraciones y de nuevo ha puesto de relieve la necesidad de que el promotor presentara una cuenta de liquidación. 

Del mismo modo, aparecieron ahí una serie de cartas de pago del promotor hacia el Ayuntamiento, pero los agentes no las consideraron válidas porque eran fotocopias y además "estaban sin firmar ni fiscalizar" por la Intervención.   

La declaración de este policía también ha sido comprometedora para la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto (que sigue llevando su autodefensa como letrada), porque fue ella la que firmó el decreto que permitió el levantamiento de las cargas que pesaban en el Registro sobre estos terrenos para el promotor. El problema es que se hizo sin contar con la cuenta de liquidación. Es decir, a juicio del perito, el Ayuntamiento autorizó que se quitaran las cargas (que le permitirían adjudicarse los bienes en caso de problemas) sin tener debidamente acreditado que el empresario había cumplido sus obligaciones.  

La Policía encontró dos documentos en los que el Ayuntamiento requería esa cuenta de liquidación al empresario y donde rechazaba su pretensión para librarse de las cargas (requisito que ponía el banco para otorgarle una cuantiosa hipoteca sobre los terrenos, según lo que explicaba el policía). "Pero de repente, sin que se hayan aportado los documentos necesarios, llega un decreto que permite levantar las cargas" en el Registro, explicaba esta mañana el agente de la UDEF. La concejal le ha recordado que los decretos que firmaba estaban avalados por propuestas de los técnicos (los mismos que se sientan con ella en el banquillo de los acusados).  

 

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