El juicio por el accidente laboral ocurrido en 2014 en la fábrica de Ron Montero de Motril, que se saldó con la muerte de un trabajador mientras que otros dos resultaron heridos graves, se retomará hoy con la declaración de los acusados y perjudicados.

La vista oral se inició el pasado 28 de junio en el Juzgado de lo Penal 2 de Motril con el planteamiento de las cuestiones previas y la presentación de diferentes pruebas e informes periciales por las partes para su aceptación o impugnación. La continuación del juicio fue fijada para los cuatro días comprendidos del 6 al 9 de noviembre.

El accidente se produjo por una deflagración en el depósito de alcohol de 30.000 litros

El juicio sentará en el banquillo de los acusados a la que por entonces era administradora de la empresa y al técnico de prevención de riegos laborales, cada uno de los cuales se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y cuatro meses de prisión.

El accidente se produjo el 2 de julio de 2014 a consecuencia de una deflagración ocasionada en un depósito de alcohol con capacidad para 30.000 litros que motivó un incendio que los bomberos tardaron varias horas en extinguir, puesto que hubo que esperar hasta que se consumiera el alcohol para evitar que se reavivaran las llamas.

En este incendio resultaron heridos tres trabajadores que tuvieron que ser trasladados al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, uno de los cuales, M.G.R., de 45 años, murió, mientras que los otros dos estuvieron un largo tiempo hospitalizados.

En su escrito de acusación,el fiscal pide para los dos acusados una pena total de tres años y cuatro meses de prisión por un delito de homicidio por imprudencia profesional grave y por otros dos de lesiones también con imprudencia.

También solicita para ambos la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de administrador de empresas y técnico de prevención por un tiempo de tres años y medio, así como que indemnicen con más de un millón de euros a uno de los trabajadores y con 600.000 euros al otro (M.G.R.) por las heridas, secuelas y perjuicios físicos y morales ocasionados.

Por su parte, la acusación particular ejercida por uno de los trabajadores eleva las peticiones a más de cinco años de prisión para ambos por la totalidad de los delitos, mientras que la del otro afectado pide más de 2,5 años de cárcel.