La economía sumergida no es un fenómeno que pueda vincularse exclusivamente a la crisis. Aunque la recesión contribuyó al aumento del fraude, la actividad bajo cuerda tiene unas raíces mucho más profundas, que ni los eslóganes sobre 'Hacienda somos todos' ni las diferentes campañas de concienciación de las administraciones han logrado eliminar. La lucha contra el fraude laboral sigue dando resultados, lo que no solo evidencia los mayores esfuerzos que se están realizando para controlarlo, sino también que hoy en día, pese a la recuperación, siguen siendo muchas las empresas y trabajadores que operan en la sombra.

La Inspección de Trabajo afloró el año pasado en Granada 2.003 empleos sumergidos, derivados de su labor contra la economía regular. Estas fueron las altas inducidas o de oficio registradas a raíz de un total de 8.220 actuaciones que derivaron en 3.294 expedientes a lo largo de 2016 en esta materia (un expediente engloba diversas actuaciones del mismo o diferente ámbito). En su trabajo diario, los inspectores detectaron 1.052 infracciones e impusieron multas por valor de 3,7 millones de euros.

De las más de 21.000 actuaciones, 8.220 se centraron en aflorar el trabajo bajo cuerda

Los datos facilitados por la Inspección de Trabajo de Granada revelan que la actividad en materia de economía irregular se ha reducido un poco (en 2015 se llevaron a cabo 8.955 actuaciones y en 2014, 9.350), pero que el fraude laboral va en aumento. En 2015, por ejemplo, se registraron 1.583 altas inducidas tras la actuación de los inspectores, lo que significa que el empleo aflorado creció un 26,5% en el último ejercicio. En 2014 el número de altas fue ligeramente inferior, con un total de 1.540.

Los datos de los tres últimos años demuestran que la recuperación no ha conllevado una disminución de los comportamientos irregulares en el mercado laboral. Desde que la economía comenzó a salir del largo túnel de la crisis, precisamente en el año 2014, la Inspección de Trabajo ha aflorado 5.126 empleos sumergidos.

La actuación de los inspectores y subinspectores granadinos también permitió en 2016 la recuperación de 18.713.338 euros para las arcas del Estado. Este es el importe total de los expedientes liquidatorios de la Seguridad Social, correspondientes principalmente a cuotas no pagadas (las de aquellos trabajadores que no estaban dados de alta) y a diferencias de cotización (porque se esté pagando menos de lo que establece el convenio).

En 2015 el importe de estos expedientes liquidatorios fue incluso más alto, superando los 19 millones de euros (19.059.427 euros, en concreto). En 2014, por su parte, se recuperó algo más de 17,9 millones de euros. En conjunto, en estos tres últimos años la labor de la Inspección de Trabajo en Granada ha permitido el ingreso de casi 55,7 millones de euros que hasta el momento se habían burlado a las arcas públicas.

La actividad de este organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social es más amplia que la lucha contra la economía irregular. A lo largo del año 2016 la institución registró un total de 11.596 expedientes derivados de 21.597 actuaciones. Las infracciones alcanzaron las 1.975, mientras que las multas impuestas por los incumplimientos detectados alcanzaron los 5.752.589 euros.

La mayoría de los expedientes corresponden con el área de Seguridad Social, con 6.481 (incluidos los 3.294 en materia de economía irregular). Le siguen los de Seguridad y Salud, con 3.183; y los de relaciones laborales, con 1.534. En materia de extranjería se registraron 64 expedientes, que se suman a 334 que se engloban en otras actuaciones.