Maracena se suma a Armilla y llevan a la justicia la Zona de Bajas Emisiones de Granada a un mes de comenzar a multar
El Consistorio maracenero interpone un contencioso-administrativo que se suma al impuesto por los armilleros el pasado 9 de julio contra la medida
Últimos cambios en la Zona de Bajas Emisiones de Granada: fecha de inicio, vehículos afectados, zonas restringidas y parkings
La guerra entre los municipios del Área Metropolitana de Granada contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) impuesta por el Ayuntamiento de Granada se intensifica. El Ayuntamiento de Maracena ha anunciado este jueves que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Granada por la implantación de la ZBE alegando para ello la "ausencia total de respuesta a las alegaciones y a la recogida de firmas que se presentaron para solicitar una ordenanza más justa y que no discrimine a los ciudadanos".
Una denuncia que se suma así a la ya interpuesta por el Ayuntamiento de Armilla el pasado 9 de julio, quien ya acudió a los tribunales por la misma razón, y que se produce a apenas un mes de que comiencen las sanciones por acceder a esta zona sin un vehículo autorizado. Ambas localidades son municipios que son puerta de Granada por el sur y el norte de la capital, y como tal actúan como "ciudades dormitorio" desde las que muchos de sus ciudadanos acuden diariamente a la capital para trabajar, realizar gestiones o ir a centros sanitarios.
Y no serán las únicas en levantar la voz antes de que llegue el próximo 1 de octubre, fecha en la cual las cámaras instaladas por el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Granada comiencen a enviar las primeras multas a quienes conduzcan un vehículo contaminante. Fuentes del Ayuntamiento de Pulianas han confirmado que también están estudiando denunciar en los próximos días esa puesta en marcha de la ZBE en la capital, y otros municipios del Área Metropolitana también han mostrado su rechazo a la medida, como Pinos Puente, Monachil u Otura, entre otros, a través de alegaciones.
Según ha denunciado el alcalde de Maracena, Carlos Porcel, "Maracena presentó alegaciones, entregamos 2.000 firmas y el Ayuntamiento de Granada ni siquiera nos ha contestado". "Únicamente aplazaron la entrada en vigor a octubre, pero los vecinos siguen sin conocer el protocolo para acceder a farmacias, hospitales o centros de trabajo. Lo único claro es que habrá multas", ha denunciado. Algo que también ha ocurrido en Armilla, y razón principal por la que interpusieron la denuncia a principios de julio.
La decisión de interponer este recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Granada ha sido aprobada por unanimidad de los partidos con representación en Pleno de Maracena, y el Ayuntamiento defiende estar plenamente legitimada para impugnar el acuerdo. Desde la localidad metropolitana insisten en que la actual normativa discrimina a quienes no están empadronados en Granada capital.
“Un coche de Maracena con más de 20 años no puede acceder a la capital, pero sí si está empadronado en Granada, lo cual es claramente injusto. Tampoco explican los criterios para retirar sanciones, cómo acreditar que se va a trabajar o qué ocurrirá con el acceso al ocio, la cultura o el comercio”, ha añadido Porcel.
El Ayuntamiento de Maracena considera que la medida responde a un “afán recaudatorio” y que la reducción de la contaminación ha pasado a un segundo plano. Asimismo, recuerda que en junio requirió formalmente la anulación de los acuerdos por la falta de respuesta del consistorio granadino, lo que, según la legislación de régimen local, podría suponer la nulidad de la ordenanza.
Para finalizar, el Consistorio subraya que la estrecha relación histórica y la conurbación existente entre Maracena y Granada "hacen imprescindible una regulación que no perjudique a los vecinos, muchos de los cuales se desplazan a diario a la capital por motivos laborales, sanitarios o de ocio". Por ello, Maracena reclama una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) justa para todos.
Cabe recordar que el de Maracena es uno de los Consistorios de la provincia granadina en liderar las alegaciones contra la ZBE de Granada junto a Armilla y Pulianas.
El Ayuntamiento recuerda que la ZBE es una obligación
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha conocido la noticia en una visita el avance de la remodelación de la calle Emperatriz Eugenia. En respuesta al comunicado de Maracena, la regidora ha comentado que el Consistorio examinará esa denuncia y la valorará con los servicios jurídicos, y será entonces cuando emitan un pronunciamiento, y ha recordado que la aplicación de esta medida es una obligación impuesta por el Gobierno central.
"Aplicar la Zona de Bajas Emisiones es una obligación para las ciudades, lo estamos haciendo todas las ciudades. Es un reto hacerlo porque significa cambios y es verdad que afecta al ciudadano y a los municipios limítrofes. Pero yo estoy convencida de que a todos nos preocupa mejorar el día a día, la calidad de vida, la calidad del aire de nuestra ciudad y de su Área Metropolitana", ha destacado.
Carazo ha pedido a Maracena que trabaje "en paralelo" para favorecer la conexión con la ciudad de Granada a través del transporte público realizando campañas de concienciación en el uso de esta forma de movilidad, aprovechando además que "tiene la suerte de contar con Metro, un buen sistema de transporte público".
"Contar con Metro es un hecho diferencial respecto a otros municipios del Área Metropolitana, además de contar con un servicio de buses interurbanos que gestiona el Consorcio de Transportes muy potente. Entiendo que esa es una primera obligación del Ayuntamiento de Maracena, aprovechando esos recursos y la fuerte inversión de la Junta de Andalucía con esa conexión con la propia ciudad", ha considerado.
La Zona de Bajas Emisiones de Granada (ZBE) está activa desde el 1 de octubre de 2024, pero de manera informativa. Las multas para quienes la incumplan comenzarán a emitirse a partir del 1 de octubre de 2025. Los coches con motor gasolina anterior a 2001 o diesel anterior a 2006 que no estén censados en la capital no podrán entrar en ella. Sin embargo, estos sí podrán circular por Granada si tienen domicilio fiscal en la ciudad. Sí estará permitido el paso a Granada para los vehículos censados fuera de la capital, pero que cuenten con las etiquetas B, C, ECO o 0 (eléctricos).
Prácticamente, todo el término municipal de Granada capital está incluido dentro de la ZBE, una superficie de 23,55 kilómetros cuadrados. No están dentro de la ZBE la autovía de Circunvalación GR-30, la Ronda Sur (A-395), Merced Alta (A-4006) ni la Avenida Santa María de la Alhambra. El recinto monumental de la Alhambra y el Cementerio de San José también quedan fuera. Además, hay algunas zonas del término municipal de la capital que quedan inicialmente excluidas: los barrios de Bobadilla, Lancha del Genil, parte del Cerrillo de Maracena, el Fargue, el Centro Comercial Serrallo Plaza, el Polígono El Florío, ni parte del Parque Tecnológico Ciencias de la Salud, que excluye los accesos al Hospital Clínico San Cecilio.
Habrá excepciones y podrán pedir autorizaciones permanentes para circular una serie de vehículos que el Ayuntamiento de Granada ha definido a través de la web de Movilidad. También podrán acceder con autorizaciones puntuales. Puede consultar toda la información relativa a la Zona de Bajas Emisiones de Granada, aparcamientos disuasorios, excepciones de circulación y otras cuestiones en esta noticia.
El PSOE pide paralizar la ZBE porque no mejora la calidad del aire ni reduce la contaminación
A las denuncias de las localidades del Cinturón se ha sumado la petición del PSOE de la capital de paralizar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones porque" no atiende a la mejora de la calidad del aire ni reduce la contaminación atmosférica", principal problema de Granada y de su área metropolitana. El viceportavoz socialista, Paco Cuenca, ha asegurado que el modelo de ZBE defendido por el PP "no soluciona el problema de la contaminación ni atiende a la mejora de la salud de los granadinos”, y ha reclamado el uso del modelo socialista basado en áreas concéntricas de forma progresiva que se complementa con un plan de movilidad que reduce el tránsito privado, y, por tanto, la contaminación, “consensuado entre los municipios metropolitanos”. “Pedimos a Carazo detener su plan y retomar el modelo anterior”, ha demandado Cuenca.
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