El número de aspirantes a escolta se mantiene pese al alto el fuego de ETA

El reciente anuncio por parte de la Lehendakaritza de que únicamente se mantendría el servicio de escolta para los diez consejeros del Gobierno vasco y del propio lehendakari, Patxi López, y que se eliminaría el servicio de protección a los viceconsejeros ha supuesto un pequeño sismo dentro del sector dedicado a la seguridad personal. La decisión del Gobierno vasco -esperada- llegó el pasado 13 de enero a la par que se dieron a conocer los planes del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de estudiar la "reordenación" del personal destinado a la protección personal.

Se calcula que hay unas 1.600 personas escoltadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que supone -según la información que se facilitó a los medios en enero- un coste anual de unos 160 millones de euros. El número de policías y guardias civiles dedicados a estas funciones a nivel nacional es de 2.650, a lo que hay que sumar los escoltas de empresas privadas, unos 30.000.

Tanto la decisión del Gobierno vasco como los planes de Interior nacieron tras el anuncio del 20 de octubre del cese de la violencia por parte de ETA, que ha supuesto un cambio importante en la política de escoltas. A este nuevo panorama en el País Vasco -donde se concentraba la mayoría de solicitudes de escolta- se une la crisis. La mala marcha de la economía también se ha cebado con el sector de la protección personal, según explica el tesorero y coordinador general en Andalucía de la Asociación Española de Escoltas (Ases), Juan José Martínez.

Fundamentalmente estos dos factores han provocado que "cada día sean menos las personas que piden protección", asegura Martínez, que añade que la mayor demanda se concentraba, precisamente, en el País Vasco y Navarra, además de en grandes urbes, como Madrid y Barcelona, mientras que en una provincia como Granada, el número de escoltas privados apenas puede llegar, en un cálculo más aproximado que real, "a la docena".

Sin embargo, pese a la situación descrita desde la Asociación de Escoltas, se mantiene el número de aspirantes en la provincia de Granada. Según los datos facilitados por el Cuerpo Nacional de Policía, en las últimas cuatro convocatorias -de las siete que se celebraron en 2011- para obtener el título obligatorio para ejercer, el número de aspirantes rondó entre 69 y 99, en línea con los números de años anteriores. De este número de inscritos para obtener el título, un porcentaje muy reducido se dedicará a ejercer de escolta, una profesión para la que, a causa de la situación en España, se busca cada vez más salida en el extranjero, señala Juan José Martínez.