El inicio de las obras de la nueva autovía entre Granada y Pinos Puente, en concreto del primer tramo entre la A-92 a la entrada a la capital y Atarfe, se demorarán al menos hasta septiembre debido a una ilegalidad en el proceso de expropiaciones cometido por la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, cuya sede se encuentra en Granada. La irregularidad se refiere a la aplicación con retroactividad de la modificación del procedimiento de urgencia en la ley de carreteras para desposeer a los propietarios de las tierras afectadas por la construcción de una infraestructura de interés general para el Estado. Con lo cual, se revocan las expropiaciones llevadas a cabo y se vuelve al punto anterior al fallo administrativo, que tendrá que hacerse con un proceso individualizado. Es decir, el proceso vuelve atrás un año. Se da la circunstancia que al día siguiente de la resolución, publicada en el BOE el pasado 12 de mayo, se publicó la adjudicación de las obras de este tramo de autovía, de apenas 2 kilómetros de longitud.

El problema se hizo palpable cuando no se llevó a cabo el acto para la constitución efectiva de los Depósitos Previos, donde se ofrece a los propietarios afectados el cobro de las indemnizaciones que les corresponden por los perjuicios provocados por la ocupación de los terrenos para la construcción de la autovía. Este acto, que es el que legitima la ocupación de las parcelas afectadas por el trazado de la nueva carretera, no se pudo celebrar al comprobarse que el procedimiento de urgencia utilizado por la Demarcación de Carreteras no se ajustaba a la legalidad vigente.

La raíz del conflicto de intereses entre el Estado y los dueños de las fincas, situadas en una zona aledaña al Cortijo del Conde conocida como Cortijo Conchoso, y donde está previsto que se construya también la nueva Área Logística de Mercagranada, reside en la modificación de la ley 37/2015 de carreteras que se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2018. En esta se introduce que durante en los actos de aprobación provisional de los proyectos de carreteras del Estado se podrá fijar si estos son urgentes, lo cual cambia el proceso de expropiación forzosa a uno más rápido y no individualizado con los propietarios. La Demarcación de Carreteras del Estado aplicó esta fórmula expropiatoria cuando no debía, ya que la aprobación del proyecto de la GR-43 en su tramo Granada-Atarfe se produjo con anterioridad, el 17 de abril de 2018, por lo que no se podía declarar de urgencia.

"El expediente expropiatorio debería haberse iniciado y seguido por los trámites del procedimiento ordinario, mientras no se hubiera producido la declaración de urgencia, en su caso, por el Consejo de Ministros", explica la resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, en la que admite el error en el proceso y publicada en el BOE del 12 de mayo de 2022 al que ha tenido acceso esta redacción.

Aun así, el procedimiento de urgencia siguió su curso. Carreteras inició la expropiación por los trámites del procedimiento de urgencia "pese a no contar con la declaración de urgencia hecha por el Consejo de Ministros, ya que, a diferencia de lo manifestado en la resolución de 22 de abril de 2021 (en la cual se anuncia la expropiación de las tierras afectadas), la aprobación del proyecto acordada el 17 de abril de 2018 por el Director General de Carreteras, no implicó, ni legalmente podía implicar, la necesidad de 'urgente' ocupación, pues la aprobación provisional que la precedía se realizó el 18 de mayo de 2018, antes de que se reformara el artículo 12.2 de la Ley de Carreteras en el sentido antes expuesto", continúa la resolución de la Demarcación.

Así que la propia administración de Carreteras ha revocado su resolución del 22 de abril de 2021 y todos los actos posteriores al mismo por su ilegalidad, "al haberse tramitado un procedimiento expropiatorio de urgencia sin la previa declaración de urgencia del Consejo de Ministros". Se mantendrán solo los actos que se puedan conservar porque no afectan al proceso irregular como son las actas previas a la ocupación de los terrenos, el cálculo de los depósitos previos a la ocupación, además del propio proyecto de obras en si ya cerrado y adjudicado.

El proceso entonces vuelve a la casilla de salida en cuanto a las expropiaciones. Se tendrá que iniciar el expediente de información pública previa a la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, que tendrá que pasar por el Consejo de Ministros, para luego ser sometido a "la relación concreta e individualizada de los interesados, bienes y derechos que se consideran de necesaria ocupación, al trámite de información pública correspondiente". Uno de los propietarios afectados por el asunto, puesto en contacto con esta redacción, cita a fuentes de la Demarcación de Carreteras al afirmar que "esperan que en septiembre" se pueda solucionar el problema y dar paso a las obras. Contra esta resolución cabe interponer un recurso de reposición o uno contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aunque ningún propietario ha expresado interés en formularlo hasta el momento.

La GR-43 es la autovía radial de Granada que la unirá hasta Pinos Puente, y que de facto es el primer tramo de la futura A-81 que unirá la capital con Córdoba y Badajoz. El verano pasado se inauguró el segmento de carretera entre Atarfe y Pinos Puente y quedaba por adjudicar las obras del tramo de salida desde Granada en intersección con la A-92. Un trozo corto, de apenas dos kilómetros, pero que requerirá la construcción de dos pérgolas sobre esta autovía para bifurcarla. El interés del Estado reside precisamente en que será el comienzo de una de las autovías transversales de España y que servirá para unir de forma más rápida comarcas agrarias y la conexión entre Andalucía oriental, Extremadura y, por consiguiente, con Portugal.