Educación

Las familias y los estudiantes están detrás del 90% de los casos de agresiones a docentes

  • Es una de las conclusiones del informe anual que ofrece el Defensor del Profesor de ANPE en la provincia

  • En el 8% de los casos se llega a la violencia física o contra propiedades del docente

Manifestación contra la violencia en el CEIP Reyes Católicos de Santa Fe. Manifestación contra la violencia en el CEIP Reyes Católicos de Santa Fe.

Manifestación contra la violencia en el CEIP Reyes Católicos de Santa Fe. / Álex Cámara

El pasado 30 de enero, la Guardia Civil se personó en el Instituto de Educación Secundaria de Guadahortuna. Una docente y un alumno del centro habían sido agredidos. Cuatro menores –una de apenas 12 años– fueron investigados por los hechos, que se desencadenaron después de que uno de los chicos se negara a participar en las actividades previstas por el centro para celebrar, precisamente, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Al día siguiente de las agresiones, los alumnos del centro decidieron no asistir a clase en repulsa por lo ocurrido.

El de Guadahortuna fue uno de los casos de violencia contra los docentes registrados en la provincia de Granada durante el pasado curso escolar, una realidad –la de las agresiones a profesores y maestros– que el sindicato ANPE analiza a través de sus informes anuales del Defensor del Profesor, un servicio “de asistencia jurídica y psicológica a los profesores víctimas de situaciones derivadas de la conflictividad escolar”, indican desde el sindicato y que cada año desglosa en cifras –más o menos detalladas– cómo es esa conflictividad en las aulas.

El número de casos en la provincia está en la media andaluza, unos 17 casos a lo largo del pasado curso

La conflictividad no se ciñe a los límites del aula. Desde el sindicato se alerta del uso de medios tecnológicos, que en los últimos años ha aumentado como vía para atacar a los docentes. A nivel andaluz, el “acoso” a través de los móviles o redes sociales ha supuesto el 23% de los casos denunciados, según el dato facilitado por la coordinadora autonómica del Defensor del Profesor, María Ángeles Guzmán.

En el caso de la provincia de Granada, desde ANPE se indica que el número de casos “se encuentra en la media andaluza”, que ronda las 17 denuncias a lo largo del pasado curso. Por arriba, destaca Málaga como la provincia con mayor conflictividad, con 33 casos de los 138 que registró este servicio de defensoría en toda la comunidad. En el otro extremo, Jaén y Córdoba se encuentran por debajo de esa media.

En Granada, la mayor conflictividad, indica ANPE, se encuentra en las clases ESO y Bachilleraro. Estas etapas concentra el 58% de los casos. Sin embargo, resulta llamativo que el 38% de los requerimientos al Defensor del Profesor por conflictos sean en Infantil y Primaria. En cuanto a la Educación Permanente, FP, Enseñanzas Artísticas e idiomas, estas etapas apenas suponen un 6% de los casos registrados.

Desde ANPE se alerta del repunte de casos que han llegado al Defensor del Profesor

Desde ANPE se subraya que en Granada “se aprecia una tendencia al alza” en cuanto a los casos registrados, “lo cual nos hace estar muy preocupados y reclamar a la Administración la entrada en vigor inmediata de un plan estratégico de la convivencia escolar que dé respuesta a esta grave situación”. En el último informe con datos provinciales, dado a conocer a finales de 2016, se señaló que en el curso anterior (2015/2016) se había tenido constancia de ocho casos de agresiones a docentes.

En cuanto a los agresores, desde ANPE se indica que en los casos analizados ocurridos en Granada el 68% el origen estuvo en la relación con los alumnos. En el 21% de los casos los problemas surgieron de la relación entre los docentes y las familias y en el resto de casos, el 11%, los problemas fueron con otros docente, el equipo directivo o la Administración.

“La gran mayoría de los casos registrados se deben a la dificultad del docente para impartir clase con normalidad”, indican desde ANPE. Dentro de este apartado se encuentran situaciones como las faltas de respeto, las interrupciones o las agresiones verbales. En el 8% de los casos se dan “casos extremos”, que suponen “agresiones físicas o a propiedades de los docentes”.

Ante esta realidad, desde el sindicato “defendemos que para avanzar en la reducción de problemas de convivencia en las aulas es necesaria una mayor dotación de recursos, tanto en la formación de profesorado” en la resolución de conflictos como en la atención del alumnado “con mayores necesidades educativas”.

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