El pago del transporte público con fondos de las escuelas municipales recibe 235 alegaciones

235 alegaciones de particulares más las del grupo municipal del PSOE y varios patronos de la Fundación Granada Educa. Este es el número de enmiendas que ha recibido el expediente de Economía que aprobaba no dar la aportación municipal a las escuelas municipales en las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre para destinar más de 500.000 euros de ese pago al abono de la liquidación del transporte público de 2023, un pago que se realizará con esta y otras modificaciones presupuestarias en un expediente que ya se aprobó inicialmente en el pleno de octubre y que estaba abierto ahora a alegaciones.

La concejala de Economía, Rosario Pallarés, ha explicado el motivo de desestimación de las alegaciones. Entre los particulares, se alegaba principalmente por seis cuestiones. Una era la falta de acreditación del carácter específico, determinado e inaplazable del gasto en transporte, otra la indebida financiación en un servicio esencial sin justificación, otra la vulneración de principios de estabilidad presupuestaria de la Fundación; la vulneración de doctrina de actos propios o la priorización indebida de servicios en detrimento de derechos fundamentales. Las tres primeras se han desestimado, según Palláres, porque está acreditada la medida por la necesidad de pago de 3,6 millones de la liquidación del transporte y porque el informe de Intervención recoge que la situación económica de la Fundación Granada Educa es positiva, con más de 1,2 millones de tesorería y un patrimonio neto de más de 2 millones de euros, dentro del que hay unas reservas de más de 900.000 euros, por lo que "no aportar a la Fundación las mensualidades de octubre a diciembre, que suman 597.500 euros, no pone en riesgo ni el pago de las nóminas de los trabajadores ni la prestación de servicios". El resto de alegaciones no son causa de alegación según la Ley Reguladora de Haciendas Locales, por lo que no se han atendido.

Respecto a las alegaciones del PSOE y de varios patronos de la Fundación, se han resuelto de forma conjunta asegurando que ninguna es causa de alegación según la ley, por lo que no se han atendido. Estas alegaciones eran por vulneración del artículo 32.1 de los estatutos de la Fundación, de la naturaleza jurídica de las reservas y de contradicción institucional.

Desde el PSOE, la portavoz del grupo, Raquel Ruz, ha asegurado que sin corregir al interventor se trata de una "cuestión política" que ellos no apoyan, afeando que no se informara antes en un consejo de patronos, además de recordar que no se haya previsto la partida para transporte público adecuada en los presupuestos, "como ya dijimos en las alegaciones al presupuesto". "No vamos a apoyar que ese dinero se tenga que sufragar con las escuelas infantiles. No se sostiene políticamente y de ahí nuestro rechazo", asegurando que van a pedir un informe al Protectorado de Fundaciones de Andalucía para ver si esta medida es correcta, "para que nos aclaren si se puede hacer esta forma torticera de reducir el presupuesto".