El Palacio de Congresos volverá a la gestión pública: Ayuntamiento y Junta lo asumirán a corto plazo mientras se decide el futuro

El futuro del Palacio de Congresos está abierto y el modelo en estudio por parte de las administraciones del Consorcio: Junta y Ayuntamiento de Granada. Y la decisión más inmediata es la vuelta a la gestión pública del recinto después de que el Cosorcio haya recibido el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía para la resolución del contrato de concesión con la empresa que lo lleva desde 2011, la UTE Palacio de Congresos SA formada por FCC y el empresario José Luis Romero (RCK). El motivo de este aval, el incumplimiento del contrato por parte de la empresa. Un argumento que lleva defendiendo el Consorcio años, por lo que ya tiene la autorización para rescindir el contrato. Y a corto y medio plazo la opción va a ser que la gestión sea pública por parte del propio consorcio. Ya a medio y largo plazo habrá que ver si sigue este modelo público o se vuelve sacar a concesión, en lo que también puede influir los recursos judiciales que se inicien ahora, que se dan por supuestos por las dos partes.

Desde el Ayuntamiento de Granada, que tiene el 36% de la participación en el Consorcio (el 64% restante corresponde a la Junta de Andalucía), su portavoz, Jorge Saavedra, ha explicado a este periódico que una vez recibido el informe favorable del Consultivo, que es vinculante, lo que hay que hacer es rescindir el contrato con la empresa adjudicataria, por lo que la gestión volverá al Consorcio, que lo volverá a llevar de manera pública por lo menos en el corto-medio plazo. Una vez se ejecute la rescisión y el Consorcio aterrice en la gestión, tendrá además que constatar la situación real en la que se encuentra el Palacio, por lo que no se descartan demandas por esos incumplimientos que precisamente constata el Consultivo por inversiones que se tendrían que haber hecho por la empresa. Igual que se espera también que haya recursos de la empresa, que ya llevó a los tribunales procedimientos millonarios por considerar que se encontró un Palacio en peores condiciones de las prometidas. Por lo que aunque el contrato se resuelva, la causa en los tribunales se prolongará años.

Con una primera gestión pública, el Consorcio tendrá tiempo para decidir qué hace a medio y largo plazo. Y pueden ser varias las opciones. Desde mantener la gestión por el Consorcio, que se haga una ecomienda de gestión al Ayuntamiento (sistema con el que ya estuvo funcionando el Palacio antes de la concesión), a un ente de la Junta o que se saque de nuevo a concesión y por tanto entre otra empresa. Para volver a esta opción tendría que tenerse una garantía de que existe por lo menos alguna empresa que tenga intención de llevarlo. Pero para esto quedan aún algunos años y entre medias una batalla judicial augurada.

El Consorcio tendrá que ejecutar las inversiones europeas

Por parte de la Junta, desde la Consejería de Fomento se asegura que se está analizando la situación tras conocer el dictamen del Consultivo pero se garantiza que la gestión "ni está en el aire ni amenazada" porque el Consorcio garantizará su estabilidad y futuro. De hecho, aunque en la gestión el desencuentro entre empresa y Consorcio haya sido un continuo desde el inicio del contrato, en la actividad ha funcionado y en los últimos años ha tenido cifras de récord, por lo que todo se mantendrá.

Además, el Consorcio tendrá que estar al frente ahora de la inversión de los 8 millones de fondos europeos que tiene que realizarse en el Palacio y que va con retraso para mejorar su infraestructura y accesiblidad. Así, considera la Consejería que "este paso, aunque no sea un asunto agradable, era necesario para reforzar el futuro del Palacio". La falta de inversiones públicas en el edificio es precisamente uno de los argumentos que sostenía la concesionaria privada en su pulso con el Consorcio y que fue motivo de uno de los pleitos judiciales abiertos entre ambas partes. La empresa había pedido en varios procedimientos indemnizaciones millonarias, una de ellas por las inversiones que consideraba pendientes y otra por el lucro cesante durante la pandemia de Covid.

Un historial de mala relación empresa-consorcio

El Palacio de Congresos de Granada es de titularidad pública y los dueños, Junta y Ayuntamiento, forman un Consorcio desde 1988 con una participación del 64 y del 36%, respectivamente. Pero la gestión se concedió mediante concesión a una empresa. En 2011 fue la última vez que salió a concurso y se dio a una sociedad anónima, la mercantil Palacio de Exposiciones y Congresos S.A., con dos socios, FCC y José Luis Romero (RCK). Una empresa que tiene la concesion durante 25 años y por tanto tendría que terminar el 2 de enero de 2037, dentro de 12 años.

Desde el 2022 el Consorcio tiene encima de la mesa la resolución del contrato con la empresa. Desde entonces, la Junta es la que ha apostado por esta salida pero en aquel año se dejó encima de la mesa por la presión del entonces alcalde, Paco Cuenca (PSOE), que reforzó la posición del Ayuntamiento contraria a la resolución y favorable a una salida negociada con la empresa, llegando a defender la entrada de una nueva empresa a la que Romero quería vender sus acciones, algo que la Junta frenó. Desde la Junta y hasta la empresa veían que el procedimiento de resolución podría ser la oportunidad de regularizar los incumplimientos y mantener la concesión. En 2023 incluso entró otro actor en el reparto, la Cámara de Comercio, que se mostró entonces interesada en gestionar el Palacio.

Con el PP también en el Ayuntamiento de Granada la Junta volvió a activar el rescate, por lo que se solicitó ya el dictamen al Consultivo, que ha dictaminado favorablemente la propuesta de resolución por varias causas motivadas, entre ellas el incumplimiento contractual por parte de la empresa del capítulo de inversiones prometidas en el Palacio.

Para justificar la decisión de la rescisión la Junta siempre se ha amparado en el incumplimiento de la empresa en dos asuntos: impago del canon en las anualidades 2020 y 2021 y el incumplimiento del plan de inversiones. En el caso del impago del canon, es cierto que la concesionaria no lo ha abonado y son un total de 100.000 euros, 50.000 por anualidad. Pero la empresa defendía que eran los años de la pandemia y que se pidió en más de 30 escritos que por las pérdidas generadas por el cierre, se eximiera, se aplazara o se bonificara. A la vez que consideraba que este motivo no es caso para rescindir una concesión completa ya que se podría abonar con acuerdo en cualquier momento.

El segundo motivo que da la Junta es el incumplimiento del Plan de inversiones recogido por la empresa en el pliego de concesión y que es de unos 3,4 millones de euros. Inversiones que la concesionaria considera que ha ido haciendo según tendencias del mercado y que lo que no se ha hecho como lo recogido explícitamente en el documento es porque se ha mejorado. Dicen que para cada cambio en ese plan solicitaban por escrito permiso al Consorcio para comunicarlo y pedir que computara como inversión, pero que tampoco recibían respuesta, por lo que se hacía directamente.