En el año 2006, cuando Roberto García Arrabal era el presidente del club Granada Atlético y el otro equipo de fútbol histórico de la ciudad estaba hundido por sus enormes deudas económicas, el empresario envió un documento a un tal “Antonio”, en la que proponía una gran operación de recalificación urbanística de terrenos en la ciudad que reportarían más de 4.000 millones de las antiguas pesetas (exponía su idea en la moneda antigua) a otros empresarios locales, especialmente a José Julián Romero, promotor que, como García Arrabal, está imputado en el caso Nazarí que ahora se investiga en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada.

La idea de García Arrabal era que con ese dinero obtenido del ladrillo, José Julián Romero, que era el principal promotor Lazasur (la empresa que compró el antiguo estadio del Granada CF para hacer viviendas), terminara con las deudas del histórico club y además construyera una nueva ciudad deportiva, “con lo que deja de ser el enemigo” (en ese momento mantenía un pleito con el club de fútbol por la limpieza de la subasta). Los terrenos a recalificar eran los que JJ y otros empresarios tienen a medio construir desde hace décadas en la zona Norte, la instalación conocida como Ciudad Deportiva Granada 92.

La idea de García Arrabal era que de allí salieran 40.000 metros cuadrados edificables nuevos, que dieran 2.000 millones de pesetas a JJ, por un lado, y otros 2.250 millones a Lazasur. Con ese dinero se pagaría la indemnización que reclamaba el Granada CF en el juzgado y se haría la nueva sede deportiva en los terrenos donde actualmente está el pabellón Antonio Prieto.

El acuerdo también afectaba a García Arrabal, pues con esa operación de saneamiento podría hacerse una fusión de clubes de fútbol, bajo el nombre del histórico Granada CF, que pasaría a estar controlado por los dirigentes del Granada Atlético, con el empresario proponente a la cabeza.

El empresario le explica a “Antonio” en su propuesta: “El alcalde se cuelga una medalla, simplemente por otorgar en Granada 92 a Lazasur 13.333 metros edificables, a JJ 15.000 metros y además al Ayuntamiento corresponden unos 3.200 metros (...), todo ello aparte de la solución a la división de clubes, construcción de la ciudad deportiva...”.

En el documento encontrado por la Policía, Arrabal le pregunta a su interlocutor: “Cómo se quitan las deudas del GCF?” y él mismo se responde:“Pues no hay otra solución que la de Lazasur, lo demás no existe”. Al final esa “solución” vino con la llegada a la ciudad de Enrique Pina y el dinero de la familia Pozzo, que están siendo investigados en otra causa judicial en la Audiencia Nacional.