El gran palacio de hielo que el gobierno de José Torres Hurtado proyectó en el Zaidín nada más llegar al poder, en 2003, es hoy un pequeño pabellón, con “deficiencias” para competiciones deportivas, en el que el promotor invirtió 2,3 millones de euros menos de lo comprometido y sin los aparcamientos y otras instalaciones deportivas previstas, que se han sustituido por restaurantes. La Policía desvela ahora cómo se fraguó todo, a través del contenido de los correos electrónicos encontrados en la Operación Nazarí.

“Tu padre me ha dicho que no eche más hormigón en la losa del pabellón que teníamos contratada porque vale mucho dinero y no tenemos”, le escribe por correo electrónico una arquitecta al empresario Roberto García Arrabal durante el transcurso de las obras del Pabellón Mulhacén, una operación urbanística que provocó su detención en 2016 y que le ha costado a él, al anterior alcalde y a los que llevaban las riendas del área municipal de Urbanismo, la imputación de varios delitos relacionados con la corrupción.

Los mensajes y documentos que había en los dispositivos electrónicos requisados al promotor han sido analizados durante muchos meses por la Policía, que ahora acaba de enviar un informe con las conclusiones al Juzgado de Instrucción 2 de la capital. El documento revela datos que confirmarían algunos hechos denunciados por el empresario que acudió a la Fiscalía en 2015, como la invasión de parte de la parcela vecina o la posible manipulación de documentos.

En 2006, el Ayuntamiento tenía una parcela de uso deportivo en la calle Torre de la Pólvora donde pretendía construir una instalación que sirviera de apoyo al Pabellón de Deportes del Zaidín, de cara a la celebración de eventos importantes como las competiciones internacionales de baloncesto que Granada iba a acoger en los años siguientes. La fórmula elegida fue la de una concesión administrativa a un empresario privado, que se encargaría de hacer el pabellón municipal y a cambio se quedaría con la explotación durante 40 años de una zona comercial que se iba a incluir en el proyecto.

García Arrabal, a través de su empresa Fontdeis, resultó ganador en 2006 de aquel concurso, en cuyo pliego de condiciones se especificaban una serie de condiciones e instalaciones que el promotor debía desarrollar, dado que esa instalación constituía el canon principal a pagar al Ayuntamiento. En los documentos que maneja la Policía, el propio arquitecto contratado por la empresa privada reconoce que los cambios que se van introduciendo en el proyecto a lo largo de los años posteriores incumplen el pliego de condiciones del concurso.

Uno de los archivos más reveladores es un cuadro económico del propio empresario en el que se ponen de manifiesto las inversiones a realizar. El dinero total que prevé Fontdeis en el recinto es de 3,7 millones de euros (con el IVA incluido). “Hay que recordar (matiza en este punto la Policía) que el canon mínimo de la concesión se valoraba en la cantidad de 6,1 millones de euros”. Así las cosas, habría un desfase de 2,4 millones de euros invertidos en la infraestructura que la ciudad obtenía de este negocio.

Llama la atención de los investigadores que en esa misma tabla ya aparecían con inversión 0 euros los apartados de sótanos (sospechan que se refiere al aparcamiento subterráneo que debería haberse construido) y los de pistas de pádel y urbanización, que tampoco se llegaron a hacer.

Para llevar a cabo estos cambios, el promotor fue proponiendo al Ayuntamiento una serie de estudios de detalle, que son documentos urbanísticos en los que se reajustan volúmenes, alturas y otras cuestiones de ordenación de una parcela. Se llegaron a aprobar tres estudios de este tipo a lo largo de los años y el resultado fue una instalación deportiva y comercial que se parecía muy poco al proyecto que salió a concurso años atrás.

Y los resultados de esa merma progresiva y de la demora de varios años en las obras fueron negativos para la ciudad, dado que no se pudo utilizar el pabellón para el Mundobasket de 2014 y fue motivo de problemas en la Universiada del año siguiente. Cuando los servicios de Deportes del Ayuntamiento inspeccionaron la instalación y detectaron algunas deficiencias, el concejal del área se lo hizo saber a la edil de Urbanismo, Isabel Nieto, quien le respondió que la climatización no estaba estropeada, “es que no tiene. Y las ventanas del tejado no se pueden abrir”. “Jugarán mejor los africanos que los nórdicos”. Así consta en los correos privados investigados que también están en el sumario del caso Nazarí.

Pero el Ayuntamiento no descubrió estos problemas en el último momento. Al contrario, fue aprobando las propuestas de cambios que pedía la empresa. Así, tras la presentación de la última modificación del promotor, se emite un informe del Patronato Municipal de Deportes en el que se hace constar que “no cumple las necesidades previstas en el pliego, ya que se suprimen las salas deportivas de usos múltiples, las de musculación y la zona de deporte salud”. También destacaba el documento que la pista deportiva prevista tenía un tamaño que no respetaba las “distancias de seguridad”, lo que “puede ocasionar un gran problema al municipio, ya que dicha pista no se podría utilizar”. También destaca que los vestuarios carecerían de ventilación y que faltarían aseos, además de otras deficiencias en las gradas.El edificio tampoco cuenta con el aparcamiento subterráneo previsto en el pliego de condiciones, una obra que según los documentos encontrados tendría un coste de casi un millón de euros. Ese dinero desapareció de la inversión global, según destaca la Policía.

Y en el exterior del edificio, donde estaba prevista la construcción de pistas de pádel al aire libre se aprobaron cambios urbanísticos para que desapareciera esta instalación y se ampliara la zona comercial destinada a restaurantes. Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de declarar ilegal todo ese edificio de negocios de restauración, al entender el tribunal que toda la parcela debería estar destinada a edificaciones de uso deportivo. Esto plantea ahora otro problema al Ayuntamiento de Granada, que podría tener que afrontar el cierre de esos negocios y unas posibles indemnizaciones a terceros. Incluso, al propio promotor García Arrabal, como apuntó hace unos días el equipo de gobierno socialista, alarmado por la herencia recibida.

Otro de los aspectos que la Policía destaca de la documentación analizada es que el empresario habría constituido una hipoteca después de construir el edificio municipal. Consta un documento de diciembre de 2013 en el que la junta de gobierno del Ayuntamiento concede autorización –“con el visto bueno del alcalde”– al empresario para suscribir este préstamo bancario de 2 millones de euros sobre la concesión de esta parcela del Pabellón Mulhacén.