El plazo para terminar la investigación del caso Nazarí, se supuesta corrupción en Granada, vuelve a estar en el centro de la polémica. Aunque la macrocausa ya tenía fecha de caducidad en junio de 2020, su reciente división en piezas separadas ha propiciado que la Fiscalía pida una nueva declaración de complejidad, lo que en la práctica supone más tiempo para mantener abierta la instrucción de cada uno de los asuntos.

Las principales defensas del caso han reaccionado con una rotunda "oposición" a esta petición de la Fiscalía, apoyada también por la acusación del empresario Ramón Arenas. A su juicio, la apertura de cada pieza separada no justifica que comiencen a contar de nuevo los plazos que arrancaron en 2016, cuando el Juzgado de Instrucción número 2 comenzó a investigar la gran causa de supuesta corrupción municipal en Granada.

Una vez que en aquellos primeros momentos la jueza María Ángeles Jiménez Muñoz acordó la declaración de complejidad del caso Nazarí en su conjunto, comenzaron a contar los plazos legales, desde el inicial de 6 meses a las sucesivas prórrogas de 18 meses. En diciembre de 2018 se fijó el que parecía último período extra de año y medio, y por eso el horizonte se había marcado para junio del año próximo. Las defensas esperaban que para entonces la magistrada ya hubiera decidido el futuro de todos los asuntos relacionados con esta macrocausa: archivo o siguiente trámite hacia su posible enjuiciamiento.

Pero en un escrito del pasado 13 de diciembre remitido al Juzgado, referente a la primera pieza separada del Expediente Registrador abierta en junio pasado, la Fiscalía ha sorprendido con una nueva petición de declaración de complejidad que pudiera permitir la ampliación de los plazos. Lo que abriría la vía para que esto mismo fuera acordado en cada una de las posibles seis piezas judiciales en que se prevé la división de la macrocausa, salvo archivo anticipado de alguno de los asuntos. 

La fiscal María Ángeles Orta justifica su petición de ampliar los plazos máximos legales en la posible necesidad de "practicar las diligencias que aún quedan pendientes así como las que pudieran resultar derivadas de las mismas".

La defensa de la exconcejal Isabel Nieto y de otros altos cargos de Urbanismo ha presentado un escrito de oposición a la pretensión fiscal de ampliar aún más los plazos, al considerar que la pieza separada no es un nuevo asunto, sino que "viene instruyéndose desde el inicio del procedimiento" y que las diligencias ya estarían practicadas. Por eso, entiende esta parte que debe de aplicarse el "plazo general de complejidad vigente". 

En este escrito, al que se han adherido otras defensas como la de la exedil Telesfora Ruiz, recién incorporada como investigada a esta pieza separada sobre las licencias municipales de la sede del Registro de la calle Tórtola, el letrado advierte de que una extensión más del caso podría ir contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la misma línea de una reciente sentencia del Tribunal Europeo contra la justicia griega. 

No es la primera vez que los plazos legales de la instrucción del caso Nazarí se convierten en un asunto controvertido. Hace un año que la misma defensa de Nieto pidió el carpetazo previo del caso por entender que se habían excedido los plazos legales, según su propio cómputo de las prórrogas acordadas. En esto la jueza se mostró tajante y la Audiencia Provincial confirmó su rechazo, de modo que el plazo máximo para el final de la instrucción quedó acordado para junio de 2020. Ahora está por ver si todas las piezas separadas tendrán que ajustarse a ese mismo horizonte o llevarán cada una su propio calendario, como reclama la Fiscalía.