El PP exige el cese de Berta Linares como cargo de confianza en Maracena tras su declaración como investigada por un posible delito de prevaricación

El Partido Popular de Granada ha exigido este jueves el cese de la exalcaldesa de Maracena, la socialista Berta Linares, como cargo de confianza del ayuntamiento de la localidad metropolitana, coincidiendo con su declaración ante el juzgado en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación en relación a la adjudicación y puesta en funcionamiento presuntamente irregular de una gasolinera en este municipio.

La portavoz popular, Lourdes Ramírez, ha subrayado que esta exigencia responde a una cuestión de "responsabilidad política y defensa de la credibilidad institucional", y ha reclamado al alcalde actual que adopte "una decisión clara". "No estamos hablando de una persona cualquiera sino de quien fue la máxima responsable política del ayuntamiento de Maracena", ha señalado a través de una nota de prensa.

"Estamos ante una investigación judicial en curso y ante una situación que exige decisiones políticas a la altura de las circunstancias", ha afirmado Ramírez, recalcando que Maracena "lleva demasiado tiempo asociada a polémicas, investigaciones y titulares negativos".

"Mantener como cargo de confianza municipal a quien fue alcaldesa y hoy está investigada por presunta prevaricación es una decisión política, y mirar hacia otro lado también es una forma de decidir", ha advertido.

La portavoz ha señalado además la "gravedad del contenido de los informes incorporados a la causa, que se han conocido a través de los medios de comunicación". "No es solo la citación judicial; son informaciones sobre supuestas operativas patrimoniales y supuestos movimientos económicos que requieren una explicación", ha indicado.

Asimismo, la dirigente popular ha recordado que esos mismos informes plantean la idoneidad de ampliar la investigación a otras supuestas responsabilidades políticas vinculadas a este expediente. En concreto, se hace referencia al que fuera alcalde de Maracena durante la tramitación inicial, Noel López, actual diputado autonómico socialista, y con vínculos familiares directos con la exalcaldesa investigada.

Unos hechos que se remontan a 2012

Linares ha sido citada a declarar después de que la Guardia Civil haya aportado a la causa --cuya instrucción está aún en una fase muy inicial-- un informe patrimonial requerido por el juzgado sobre ella y su entorno familiar. Los hechos se remontan a noviembre de 2012, cuando el Ayuntamiento adjudicó un contrato de concesión de obra pública para la construcción de un centro comercial y un aparcamiento subterráneo que incluía una gasolinera. El expediente quedó paralizado debido a un requerimiento judicial y la gasolinera comenzó a operar a finales de 2022 presuntamente sin tener la licencia de actividad en vigor.

Ello, tras un informe técnico del ingeniero municipal que señalaba presuntas irregularidades y la falta de un licencia válida debido a su caducidad, según se desprende de los informes aportados por la Guardia Civil a la causa, a los que ha tenido acceso Europa Press.

En el informe patrimonial, los investigadores han identificado diversas operaciones "susceptibles de blanqueo de capitales" en alusión a la adquisición de inmuebles con pagos en efectivo o de vehículos de alta gama.

A juicio de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial la investigación "evidencia una situación compleja que entrelaza la posible prevaricación administrativa de la investigada con operativas financieras opacas y vínculos familiares en el ámbito político".

De hecho, la Guardia Civil plantea en su informe la "idoneidad" de ampliar la investigación patrimonial al que fuera alcalde de Maracena durante la tramitación inicial del expediente presuntamente irregular y la posterior construcción de la gasolinera, Noel López, primo de Berta Linares y actual diputado andaluz del PSOE.

Los investigadores plantean indagar si "el potencial rédito económico fruto de la puesta en funcionamiento por omisión de la citada gasolinera en 2022 pudiera haber ido destinado al entorno o la persona de Noel López como máxima autoridad del Ayuntamiento de Maracena durante la adjudicación inicial, durante los seis años posteriores en los que quedó en suspenso el expediente pese a sus aparentes irregularidades" y "durante los periodos de construcción de la estación de servicio entre los años 2019 y 2021.

Para este jueves también estaban citados a declarar como testigos dos técnicos municipales y la que fuera concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Maracena, Vanessa Romero. Se da la circunstancia de que esta concejal fue presuntamente secuestrada en febrero de 2023 por la entonces pareja sentimental de Berta Linares, que está procesado por este asunto.