Entre 50.000 y 84.000 viviendas vacías. Este es el parque inmobiliario que, de una forma u otra, podría verse afectado por el decreto ley de la Junta de Andalucía sobre la función social de la vivienda. Ya sea por los incentivos al alquiler -en caso de que sean propiedad de personas físicas-, por el régimen de sanciones o por las expropiaciones in extremis -en el caso de las personas jurídicas, esencialmente bancos, inmobiliarias y promotoras- que contempla el documento aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado miércoles. No es un dato definitivo, como explicó ayer el delegado de Fomento y Vivienda de la Junta, Manuel Morales, que aseguró que no se puede explicar que se sigan produciendo desahucios en una provincia con un parque de pisos vacíos tan elevados.

El delegado aseguró que la medida aprobada por la Junta de Andalucía responde a la promesa de que el Gobierno andaluz no iba a ser "neutral" con los desahucios, más aún cuando el problema "no ha hecho más que empezar", ya que los procesos iniciados hace dos años empezarán a traducirse en lanzamientos ahora. "Dijimos que sin mediación legal era imposible frenar el drama de los desahucios y la Junta ha extremado su capacidad de intervenir hasta el tope máximo. Es muy difícil hacer más, tiene que ser el poder legislativo el que dé un paso más". 

Así resumió Morales el paquete de medidas aprobado por el Gobierno andaluz, que plantea la posibilidad de sanciones de hasta 9.000 euros a entidades financieras, inmobiliarias y constructoras que tengan casas sin habitar más de seis meses y la de expropiar a las entidades financieras viviendas desahuciadas a personas con problemas económicos sobrevenidos o riesgo de exclusión social.

Las viviendas que podrán ser sometidas a esas sanciones se incluirán en un Registro Público que se elaborará a partir de ahora y que arrojará luz sobre el parque de viviendas vacías real de la provincia. Porque, por el momento, sólo hay estimaciones. 

Morales quiso ayer aclarar que la intención de la Junta de Andalucía no tiene como objetivo sancionar, "sino alterar un mercado de la vivienda que no está funcionando" para que ninguna familia se quede en la calle, para "dar garantías a los granadinos desahuciados que se metieron en una hipoteca y ahora no pueden pagarla". Para quienes critican el decreto, especialmente en lo referente a las expropiaciones, el delegado aseguró que la nueva normativa tiene por objeto "garantizar el derecho a la vivienda, que está recogido en la Constitución y está por encima de un derecho absoluto y condicionado como el de la propiedad privada".

La delegada del Gobierno, María José Sánchez, arropó ayer a Morales en la presentación provincial del decreto ley, asegurando que tanto para IU como para el PSOE es una "satisfacción" haberlo puesto en marcha. "Es muy importante para nosotros, ya que es una forma diferente de hacer política, de abordar los problemas de miles de familias granadinas". Sánchez apuntó que el paquete de medidas que hoy se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se ha concebido como una "defensa de los usuarios" y contra la especulación, ya que quedan garantizados los derechos de las personas físicas, dirigiéndose especialmente a los bancos e inmobiliarias que han utilizado la vivienda "para especular con ella".

El delegado de Vivienda apuntó que el decreto ley de la Junta de Andalucía es un documento fruto de meses de estudio y que se enmarca dentro de las iniciativas del Gobierno andaluz para la defensa de la vivienda. De hecho, Morales señaló que este decreto se convertirá a partir de ahora en una de las principales "herramientas" de trabajo de la red de oficinas de asesoramiento y mediación del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. "Esta misma mañana ya están trabajando para implantar la nueva normativa", indicó Morales, que recordó que las familias tendrán que acudir a estas oficinas para solicitar la intervención de la Junta de Andalucía. Para beneficiarse de alguna de las medidas del decreto, las familias tendrán que acreditar reunir una serie de condiciones. En el caso de las expropiaciones, deben demostrar que sus circunstancias económicas sufrieron un importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las condiciones en las que obtuvieron el préstamo. También se debe comprobar si el desalojo puede generar la exclusión social, lo que será acreditado por los servicios sociales de los ayuntamientos.