Ayer tuvo lugar la apertura en Granada de la Jornada sobre Fundaciones Tutelares en Andalucía, espacio que aprovechó la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, para subrayar la tutela que ejercen sobre las personas más vulnerables, entre las que habitualmente se encuentran las de trastornos mentales graves, discapacidad intelectual y demencias.

A 31 de diciembre de 2017 en Andalucía había 2.216 personas tuteladas por entidades, la mayoría bajo la figura de la Tutela (1.994) y el resto (222) bajo la de la Curatela. Del total, 1.264 son hombres y 952 mujeres. Aproximadamente, el 45% tiene como causa de la incapacitación una discapacidad intelectual; el 36% obedece a una enfermedad mental; y un 19% se debe a alguna demencia senil. La mayoría (un 80%) está alojada en centros residenciales y el 20% restante permanece en sus casas.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, hizo hincapié en la importancia de "remar en la misma dirección" respecto a estas personas, y consideró "fundamental" que la labor de las instituciones públicas y privadas esté en conexión con la justicia, recordando que a nivel judicial ha habido grandes cambios y, entre otras iniciativas, ya ha comenzado el proceso para hacer comprensibles las sentencias a las personas con discapacidad intelectual.

Así lo aseguró Sánchez Rubio y del Río en la apertura de la jornada, organizada con la colaboración de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem).

La responsable de las políticas sociales en Andalucía recordó ayer que la Ley autonómica de Servicios Sociales recoge el derecho de la persona a dar instrucciones previas para situaciones futuras, en el supuesto de que la limitación de la capacidad de obrar respecto a la asistencia o cuidados que se le puedan procurar.