Satisfacción en los pueblos del Cinturón por el anuncio del retraso durante seis meses de las sanciones de la ZBE de Granada

El anuncio del Ayuntamiento de Granada de prorrogar seis el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha sido recibido con satisfacción en los pueblos del cinturón de la capital, sobre todo en los que presentaron alegaciones en su día ante la medida que iba a entrar en vigor el próximo 1 de abril. Concretamente, fueron los ayuntamientos de Armilla, Pulianas, Pinos Puente, Otura, Monachil, Huétor Vega, Maracena, Moclin y Cúllar Vega los que hace pocas fechas mostraron su desacuerdo con la normativa de implementación de la ZBE en la ciudad de Granada.

Todos los municipios que hicieron constar su malestar cuando se conoció la normativa de la ZBE de Granada consideraban que la medida supone una discriminación de los vecinos de estas localidades, que iban a ver restringida su movilidad en la capital de la provincia con respecto a los censados en Granada, sobre todo teniendo en cuenta que son muchos los habitantes de estos municipios que se desplazan a diario por ser su lugar de trabajo, a los que hay que añadir quienes tienen necesidad trasladarse para realizar actividades o acciones que sólo se pueden llevar a cabo en la capital. Todas estas localidades exigían que antes de que entrara en vigor la normativa del consistorio granadino se realizara un estudio objetivo de la situación para evitar discriminaciones y que se llevara a cabo un diálogo para intentar buscar soluciones.

Por lo tanto, la prórroga de la entrada en vigor de las sanciones de la ZBE ha sido bien recibida en el conjunto de la ciudadanía de los pueblos de la provincia, sobre todo los más cercanos a la capital, al entender que durante estos meses se podrá realizar un análisis más pormenorizado de los problemas que acarrea la medida entre los ciudadanos, sobre todo, del área metropolitana que conlleve unas soluciones que puedan satisfacer a todos.

Armilla

El primer ayuntamiento que hizo pública su satisfacción por la prórroga anunciada por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, fue el de Armilla, quizá el consistorio más beligerante con el reglamento sancioandor de la ZBE de la capital que suponía una restricción de entrada prácticamente a toda la capital de los vehículos de gasolina anteriores a 2001 y diésel anteriores a 2006. Así lo dejó patente al aprobar en un pleno extraordinario celebrado el pasado lunes la presentación de alegaciones a la Ordenanza Integral de Movilidad Sostenible de Granada capital.

La alcaldesa de la ciudad armillera, Loli Cañavate, considera que la decisión de Granada de aplazar hasta el 1 de octubre la aplicación de sanciones en la ZBE es "un paso en la dirección correcta". "Celebro que la alcaldesa de Granada haya atendido nuestras demandas, porque este plazo de seis meses debe servir para alcanzar un acuerdo que tenga en cuenta la realidad metropolitana y para corregir los puntos débiles de la ordenanza de Movilidad que afectan a los municipios del entorno", añade. Según las palabras de la regidora remitidas a los medios de comunicación, "es esperanzador que el Ayuntamiento de Granada haya entendido que no se puede imponer una normativa de este calado con toda el Área Metropolitana en contra y sin garantizar antes medidas eficaces de transporte público y aparcamientos disuasorios viables".

"Desde Armilla, mantenemos una posición clara: cualquier aplicación de la ZBE que discrimine a las personas por el origen de su vehículo en lugar de por su nivel de emisiones es injusta" declara Cañavate, que insiste en el mensaje de que "podría ser inconstitucional". A pesar de su posición crítica, la alcaldesa armillera quiere dejar claro su disposición a colaborar con su homóloga de la capital para buscar la mejor manera de mejorar "la calidad del aire nuestras ciudades y del entorno metropolitano".

Maracena

El Ayuntamiento de Maracena también aplaudió la decisión adoptada este miércoles por parte del Ayuntamiento de Granada de retrasar medio año el inicio de las sanciones por adentrarse en la ZBE con un vehículo contaminante. El municipio, una de las localidades más populosas del Área Metropolítana granadina y que por su consideración de ciudad dormitorio era una de las afectadas por la medida de la capital ha valorado "positivamente" el aplazamiento de las sanciones y considera que la decisión del consistorio de la capital "es resultado de la presión social e institucional ejercida por los vecinos y los municipios afectados".

El alcalde de Maracena, Carlos Porcel, ha subrayado la necesidad de abordar la problemática causada por la instauración de la ZBE en Granada de manera conjunta y coordinada entre todos los municipios del Área Metropolitana, cuyos ciudadanos que hacen vida diariamente en la capital. Porcel considera que las modificaciones anunciadas "suponen un avance", pero advierte que "siguen siendo insuficientes para atender las necesidades específicas de Maracena y del resto de localidades cercanas". “La movilidad en el Área Metropolitana de Granada es un reto que debe resolverse con una planificación que tenga en cuenta la realidad de cada municipio y garantice soluciones efectivas y equilibradas para todos los ciudadanos”, señala el alcalde.

Desde el ayuntamiento maracenero también se hace constar que permanecerán “vigilantes” a la concreción de las modificaciones que pueda establecer el Ayuntamiento de Granada en la ZBE. En este sentido, han asegurado que afrontarán el proceso desde una postura "vigilante y crítica", con el objetivo de defender los intereses de sus vecinos, y garantizar que las medidas adoptadas "sean justas y adecuadas para todos los afectados". Asimismo, el Consistorio recuerda a la ciudadanía que continúa la recogida de firmas en la segunda planta del Ayuntamiento y en todos los edificios públicos. “Seguimos impulsando esta iniciativa para exigir una Zona de Bajas Emisiones justa para todos y lograr un acuerdo entre administraciones que permita encontrar soluciones sostenibles y consensuadas. Nuestro objetivo es mejorar la calidad del aire sin perjudicar la movilidad”, concluye la nota enviada desde el Ayuntamiento de Maracena a los medios de comunicación.

La Zubia

La alcaldesa de La Zubia, Puri López, también se ha manifestado sobre la noticia, celebrando que el Ayuntamiento “haya dado marcha atrás en su proyecto ya que no le ha quedado más remedio por la oposición frontal de la mayoría del Área Metropolitana”.

La regidora ha destacado que “es muy significativo que la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, haya retrasado hasta el mes de octubre la entrada en vigor de las sanciones, porque es plenamente consciente de que las cosas se han hecho mal desde el principio en la nueva Ordenanza Integral de la Movilidad Sostenible y es necesario negociarla en el seno de una mesa de diálogo metropolitana”.

López ha señalado que “desde La Zubia volvemos a tender la mano al Ayuntamiento de Granada para negociar un proyecto tan importante, que afecta directamente a los vecinos y vecinas de nuestro municipio y que tenemos que definir muy bien, porque si no hay que dar marcha atrás como ha tenido que hacer la señora Carazo al ver la reacción de tantos y tantos municipios”.

“Desde La Zubia somos conscientes de la importancia de reducir la contaminación en Granada, pero de manera consensuada y ordenada, no como se iba a hacer”, señala la alcaldesa.