La Universidad de Granada contó el pasado curso 2017/2018 con 8.520 estudiantes en prácticas, que completaron 36.314 meses de trabajo en empresas como parte de su formación, según los datos ofrecidos por el director de la Unidad de Orientación Profesional y Empleabilidad, Antonio Delgado Pascual, que cifró en 51 euros el coste de cada mes de prácticas. Así, con esos datos facilitados por la UGR, el coste de la aplicación de la disposición adicional quinta del Real Decreto Ley 28/2018, que obliga a incorporar al régimen de la Seguridad Social a los estudiantes que realizan prácticas académicas externas, es de 1,8 millones de euros por curso, que debería asumir la institución con sus presupuestos.

Cada mes de prácticas tendría un coste de 51 euros

Esta medida fue inmediatamente contestada por las universidades, que exigieron al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Pedro Duque paralizar esta medida y, ahora, posponerla hasta al menos el 1 de enero de 2020, según se indicó desde la Conferencia de Rectores (CRUE) –entidad de la que la rectora de la UGR, Pilar Aranda, es vicepresidenta– tras la reunión que mantuvo el ente que representa a las universidades españolas con los ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el de Ciencia, Innovación y Universidades.

La propia Pilar Aranda, en la reciente celebración de la festividad del patrón de la Facultad de Derecho, San Raimundo de Peñafort, señaló que “los rectores no vamos a oponernos pero queremos saber quién va a tener que abonar esas tasas”.

Más recientemente, en la presentación del estudio de egresados de la UGR, la rectora insistió en que la medida se ha hecho “sin consultar” a las partes implicadas. Reiteró que “no nos hemos opuesto a que sea así”, incidió Aranda, que incluso concedió que “quizá deba ser así” y que los estudiantes en prácticas coticen durante esos meses de formación en empresas, pero aclaró que la duda es quién debe asumir ese pago. La rectora elevó el cálculo hasta los dos millones de euros. Pese a que la posibilidad de que esto suponga un gasto a soportar para las universidades, la rectora indicó que la medida es “positiva”, aunque adelantó que “debemos seguir” negociando sobre cómo será su aplicación.

El pasado curso se contabilizaron 36.314 meses de prácticas de estudiantes de la UGR

Tras la reunión entre CRUE y ministerios, las universidades expusieron el “papel fundamental” que tienen las prácticas académicas en la formación de los estudiantes, algo que, indicaron “hay que garantizar y preservar”.

Se adelantó también que el Gobierno prevé una bonificación por contingencias comunes. Tras esa reunión, mantenida la pasada semana, CRUE expresó que se mantiene “a la espera de que, en los próximos días” la Secretaría de Estado de Seguridad Social remita un “primer borrador de desarrollo reglamentario”, en el que se recojan las peticiones de las universidades, fundamentadas en el coste económico que esta medida tendría para las instituciones académicas, que manifestaron su sorpresa tras la aprobación del Real Decreto.

Por su parte, desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se señaló que el objetivo de la medida “es el de mejorar las prácticas académicas sin alterar su desarrollo normativo y reforzar el sistema de protección social de los estudiantes”. Se incide además en que “al incorporarse al régimen general de la Seguridad Social, las prácticas externas mejoran, además, en transparencia para las empresas y en eficiencia para el sistema educativo y de la Administración General del Estado”.

Desde el Ministerio se indica también que los asistentes a la reunión del miércoles (entre los que estaba CRUE) “han reiterado la necesidad de asegurar y mejorar la cobertura de los estudiantes en prácticas”. Además, indicó la “intención de construir los mejores acuerdos sobre esta cuestión” para mejorar la actividad educativa y académica.