Siete policías detenidos hasta ahora en el caso amaños: la UDEF define el modus operandi para hacer "un cuerpo a medida"

La macrocausa de los amaños en procesos selectivos de la Policía Local no avanza solo en los informes ya presentados por la UDEF de la Policía Local tras las investigaciones realizadas y los dispositivos móviles y electrónicos analizados sino que también se están produciendo citaciones de declaración de agentes investigados en la causa. Entre noviembre y diciembre un total de ocho policías han sido citados a declarar en las dependencias de la Policía Nacional, un extremo que autorizó la jueza y ordenó para dar agilidad al proceso por la gran cantidad de investigados, más de cuarenta. Pero como se esperaba, están acudiendo pero no declarando hasta que lo hagan en sede judicial. Siete de los ocho agentes fueron detenidos y puestos en libertad sobre la marcha. Solo uno acudió en calidad de investigado pero no detenido. Analizando los nombres, ha pasado ya toda la cúpula del denominado grupo criminal que ejecutaba los supuestos amaños menos el que la UDEF define como cabecilla, el exjefe de la Policía Local José Manuel Jiménez Avilés.

La UDEF divide en dos niveles el grupo, que estaría funcionando como mínimo desde 2007 para, según el informe, "hacer un cuerpo a la medida": los cabecillas y el segundo escalafón. Entre los cabecillas figuran Jiménez Avilés, que todavía no ha sido citado, y otros tres agentes: el intendente J.J.M.J., que figura también como líder de la trama junto a Avilés, un subinspector y un inspector "hombre de confianza" de Avilés. En el segundo escalafón figuran otras tres personas: dos agentes, uno de ellos representante del sindicato SIPLG, también partícipe de este entramado de control de oposiciones según la UDEF, y el psicólogo que ponía este grupo en los procesos selectivos que se investigan. De estos siete, cinco han sido ya citados a declarar en sede policial, con acta de detención y puesta en libertad. El primer grupo lo hizo el 14 de noviembre y el segundo, el 16 de diciembre. Los de noviembre eran todos miembros del tribunal de las oposiciones de 40 plazas de 2019 que se invetigan. Además también han citado a otros tres agentes que fueron miembros de tribunales.

Se les imputa la comisión de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, abuso de información privilegiada, revelación de secretos, fraude en la contratación, falsedad documental, extorsión/coacciones/amenazas, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho y pertenencia a grupo criminal.

"Sembrar para recoger mañana"

En el atestado de las detenciones y declaraciones de lo que se ha denominado Operación Terence por la UDEF, se detalla el "modus operandi" del grupo criminal y el rol que cada uno de los siete principales miembros tenía en el mismo. También se afina el objetivo, que sería obtener un "control en ascensos y accesos de nuevo ingreso de la Policía Local del Ayuntamiento de Granada".

Como cabecillas e "inspiradores" figuran el exjefe de la Policía Local José Manuel Jiménez Avilés y el intendente J.J.M.J.. "El dominio iría encaminado a controlar parte de los nuevos ingresos al Cuerpo de la Policía Local de Granada, así como controlar los ascensos o promociones internas de los policías locales en un sistema de intercambio de favores para colocar a familiares y miembros afines o integrantes del grupo, en el que a través de uno de sus cabecillas, Avilés, controlaría la elección de los miembros de los tribunales examinadores que serían conniventes o miembros del propio grupo, en su mayoría miembros del Cuerpo de Policía Local, pactando con ellos previamente la filtración de los exámenes de oposiciones de nuevo ingreso".

Estos hechos no se habrían producido solo en Granada sino en otros municipios de la provincia, "todo ello a cambio de la promesa de futuros ascensos a los miembros del tribunal". Es decir, que los agentes accedían a participar en esos tribunales amañados para favorecer candidatos a cambio de que después ellos mismos fueran ascendidos. Por eso también se solicitó por la UDEF utilizar toda la información extraída en esta investigación referida a ascensos relacionados con la Policía Local dentro del periodo investigado de 2019 a 2025, "al entender que el amaño en las oposiciones de ascensos es una consecuencia de los amaños en oposiciones de nuevo ingreso y el modus operandi del grupo criminal y favorecer a sus miembros o colaboradores como pago por sus servicios". Ahí está un puesto de intentente y dos de inspector convocados en noviembre de 2024.

Modus operandi

Los dos cabecillas forman parte de los tribunales examinadores de ascenso dentro de la Policía Local de Granada. Dentro de las personas afines a ambos pactarían sus ascensos a cambio de que estos se apunten como candidatos a miembros de tribunales tanto de nuevo ingreso como de ascenso. Una vez realizados varios servicios para el grupo criminal en los tribunales, estos recibirían la correspondiente contraprestación o "favor" para su ascenso. El grupo criminal incrementa así su capacidad de disponer de información privilegiada sobre los exámenes y poder filtrarlos a miembros afines tanto en la capital como en otros municipios.

El grupo también ha ido "adaptando" su forma de filtrar las preguntas. Los dos cabecillas modificaron el método presuntamente fraudulento para evitar lo que sucedió en las oposciones de ascenso de 2007 (donde hubo denuncia) y "ocultar las evidencias de que todos los opositores aprobados contesten bien a las mismas preguntas al haber filtrado el examen completo". Por eso idearon un "método aparentemente más seguro e inmune a posibles denuncias": "El grupo criminal toma medidas de seguridad para evitar ser descubiertos ante posibles futuras investigaciones". Por ejemplo, las preguntas del examen teórico se entregan "en mano directamente", como quedó probado en una conversación entre dos miembros del grupo, uno vocal y otro presidente de un tribunal, en la que ante la posibilidad de que uno de los miembros del tribunal le mande las preguntas por correo electrónico, se niega en rotundo llegando el agente a pedir perdón en reiteradas ocasiones admitiendo su error, "lo que indica que ambos conocen perfectamente el alcance de sus actos y que deben tomar las medidas oportunas y procurar todo el cuidado posible al objeto de no dejar rastro de estos actos".

Al SIPLG lo considera la UDEF una "mera herramienta más al servicio de esta organización criminal, la cual ha orquestado un sistema de control de tribunales mediante su designación, hecho que les posibilita en la mayoría de las oposiciones el control de 80 de las 100 preguntas al tener en ocasiones 4 miembros afines en los tribunales".

"Nos han puesto micrófonos"

En un chat de uno de los miembros del grupo responde a un envío de la noticia publicada en The Objective sobre el presunto amaño de oposiciones en Albolote. "Nos han puesto micrófonos", es la respuesta del agente, lo que para la UDEF es una manifestación que expresamente reconoce que el contenido de las grabaciones se corresponde con las conversaciones reales ya que en ningún momento alude a cómo han podido crear o manipular las grabaciones o que los interlocutores son terceras personas.

Reparto de tareas y el "tridente" de Granada

Avilés, como máximo cabecilla, aparece en audios dando "instrucciones a miembros sindicales investigados de cómo se debe controlar la oposición: uno a través de proporcionar a los opositores elegidos las preguntas del primer ejercicio y en segundo lugar el segundo ejercicio a través de la contratación de un psicólogo que colabore con el grupo a la hora de aprobar a los opositores elegidos. Según el informe, tanto él como el intendente J.J.M.J., el otro cabecilla, "mediante la promoción interna de cargos con presunta manipulación de las pruebas de concurso oposición internas estarían conformando un cuadro de personas afines y un cuerpo a la medida y bajo control de la jefatura".

El resto de agentes de la trama participaron todos en algún tribunal de la capital o de la provincia colaborando en la filtración de las preguntas e incluso hay dos que fueron beneficiados en oposiciones de ascenso. El psicólogo también aparece como miembro del grupo, asegurando a este el control de la prueba psicotécnica y entrevista. De hecho, en una de las conversaciones a tres de los miembros del grupo que son recurrentes en los tribunales también en otros municipios donde se investigan los procesos los definen como "el tridente de Granada".

El grupo tendría vocación de continuidad en el tiempo ya que varios miembros comentaron por Whatsapp que "los favores que hoy hagan podrán beneficiar en un futuro a sus hijos que hoy son pequeños", por lo que el grupo seguiría aunque sus miembros se renovaran pero manteniendo la estructura.

También se indican los beneficios económicos obtenidos por el grupo, unos directos al percibir dietas como miembros de tribunales o al ser ascendidos de categoría y por tanto cobrando más a cambio de las filtraciones de las preguntas de exámenes en los que son miembros del tribunal; y otros indirectos al colocar en un empleo público a un familiar o allegado, por el que recibirá retribuciones económicas.