La aplicación de la subida salarial incluida en el Estatuto del Personal Investigador en Formación tendrá un coste de 460.000 euros en la Universidad de Granada, según el cálculo ofrecido por el vicerrector de Investigación y Transferencia, Enrique Herrera. El aumento de las retribuciones llegará a unos 400 becarios que trabajan en proyectos de investigación dela Universidad granadina, indica CCOO, que recientemente se felicitó de que la UGR sea “una de las primeras en hacer efectiva esa subida salarial”.

Herrera reconoció que la institución granadina debe hacer frente al aumento de los salarios de los becarios FPU, FPI y del plan propio a los que beneficia la aprobación del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF). Esta norma, aprobada el pasado mes de marzo, prevé una modalidad contractual específica para los investigadores que están en formación. La EPIF –aprobada por Real Decreto 103/2019 de 1 de marzo– implica que los investigadores son contratados desde el inicio de su participación en los proyectos de investigación. Supone, además, según la información facilitada por el Ministerio de Ciencia, “una mejora clara de las condiciones retributivas y de las condiciones de trabajo”. Así, el salario mínimo se establece en 16.442 euros anuales.

Las retribuciones de esos contratos no pueden ser inferiores al 56% del salario fijado para las categorías equivalentes en los respectivos convenios colectivos durante los dos primeros años de trabajo en el proyecto.El tercer año el porcentaje sube al 60% y el cuarto, al 75%. Según el cálculo de la UGR, esta modificación en las retribuciones supondría un coste de unos 460.000 euros.

Enrique Herrera apunta a que el incremento del coste se tendrá que aplicar, pero las dudas están en quién debe ser quien lo pague. “Es un tema controvertido”, indica el vicerrector, que indica que una de las opciones es que sea el Ministerio el que asuma ese aumento salarial por cuanto que los contratos de los predoctorales que trabajan en proyectos financiados con fondos estatales  dependen precisamente de la financiación conseguida. Las cuantías de las ayudas del Ministerio se fijan en las correspondientes convocatorias, que en este caso son anteriores al cambio de norma. Con el dinero consignado tras la resolución, se realiza el proyecto y se determinan las necesidades de personal. Si hay cambios en la normativa –como es el caso– que afecten al proyecto, el Ministerio, como entidad financiadora de dichos proyectos -razonan desde las universidades- debería asumir el sobrecoste que ahora se plantea.

CSIF expuso el pasado mes de abril que, al tener la norma efecto retroactivo, actualizar el salario de todos los predoctorales que existían a la entrada en vigor del nuevo Estatuto podría suponer unos 4’3 millones de euros para las universidades y 5’3 millones para los Organismos Públicos de Investigacion (OPI). Además, recuerda el sindicato, las universidades y OPI –que son las que contratan– tienen los presupuestos cerrados.

No es el primer caso en el que se dan dudas sobre cómo afrontar los gastos que suponen los cambios de norma. Recientemente, el Gobierno estableció que los estudiantes en prácticas debían cotizar a la Seguridad Social. La Universidad de Granada estimó que asumir esas cotizaciones supondría 1,8 millones de euros, y puso sobre la mesa la necesidad de plantear quién debe afrontar ese desembolso. Finalmente la medida se aplazó.